Los expertos apuntan a una posible evasión tributaria por parte de ciertos sectores principalmente en Guayaquil
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informa que durante el mes de mayo recaudó USD 12 millones más por impuesto temporal a la riqueza de personas naturales. De acuerdo con la información, Quito reporta el 50% del total de aportaciones con USD 60 millones, mientras que Guayaquil representa apenas el 12,5% con USD 15 millones.
Este aporte fue introducido en la reforma tributaria, denominada Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal, vigente desde noviembre pasado. Mediante esta normativa, la entidad recaudó USD 120 millones durante los primeros cinco meses del año. La ley toma en cuenta a los y las ciudadanas cuyo patrimonio individual es igual o mayor a USD 1.000.000 o cuyo patrimonio en sociedad conyugal es igual o mayor a USD 2.000.000.
En Quito 2.490 personas naturales declararon impuesto al patrimonio, por lo que le convierte en la ciudad con más recaudaciones. En cambio, en Guayas solo 904 ciudadanos declararon tener altos patrimonios. A estos dos cantones le siguen Samborondón con USD 12,4 millones y Cuenca con 10 millones.
Alcides Gómez, experto tributario, manifiesta que dicho balance es un tanto irregular ya que Guayaquil debería liderar el pago del impuesto pues es la ciudad que mueve toda la vida comercial del país. Sin embargo, para el director de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Díaz Granados, la diferencia se debe a que los montos patrimoniales de las empresas de Quito son mayores a las de Guayaquil en un 53% y también porque hay compañías que tienen actividad en Guayaquil, pero su domicilio tributario consta en Quito.
Pese a esto, Gómez explica que en Guayaquil “hay más evasión”, “ventas sin factura, empresas creadas para simular gastos de otras compañías de los mismos propietarios y, por supuesto, la desproporción entre lo que ingresa a la banca y lo que se reporta al fisco”.
Frente a estas declaraciones, el SRI afirmó que realiza constantes controles para asegurar el correcto pago de los tributos, los cuales se ejecutan con bases de información que constan en los catastros de bienes.
Sin embargo, la entidad resalta que la veracidad de dichos datos “es responsabilidad del sujeto que la proporciona y de la entidad pública a cargo del control de los catastros”, puesto que ellos realizan controles como el de omisiva, que busca a personas y empresas que omitieron su declaración y que empezó en abril. También realizan el control de veracidad, que analiza si el monto declarado es real y que empezó en mayo.
Finalmente, el SRI hizo énfasis en que, si bien la declaración de este impuesto debía realizarse hasta el 31 de marzo pasado, los pagos podían diferirse por hasta seis meses, por lo que a penas en septiembre se reflejará la contribución total.
Redacción Ángel Cóndor