La audiencia no se instaló hasta resolver el pedido del jurista y porque uno de los investigados no fue notificado.
Punto Noticias.- Un pedido por parte del abogado del exvicepresidente Jorge Glas para que se solicite a la Asamblea Nacional si autoriza o no el enjuiciamiento penal y el hecho de que no le llegó la notificación de la convocatoria a Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción, impidió que se instale la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado en el Caso Reconstrucción de Manabí.
La Fiscalía tenía previsto formular cargos en contra de Glas, Bernal y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico, ante un manejo de recursos para atender las obras urgentes que requería la zona afectada por el terremoto de abril de 2016.
Según la Fiscalía, un informe de la Contraloría, de 2019, alertó de presuntas irregularidades en la construcción de la vía Manta – Colisa, de 21 kilómetros.
La razón es que la vía no fue afectada por el terremoto de 2016, pero se habrían destinado más de USD 68 millones de la Ley de Solidaridad para esta obra.
Si bien, por el momento, esto no fue tema de discusión, sí lo fue lo que establece el artículo 120, numeral 10 de la Constitución a la que se refirió el abogado de Glas para pedir la autorización de la Asamblea.
El artículo 120, numeral 10 de la Constitución señala que la Asamblea Nacional tendrá que “autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite con fundamentos”.
El abogado de Glas, Andrés Villegas, puso como ejemplo el caso de Fernando Balda, cuando la jueza nacional Daniella Camacho, en junio de 2018, solicitó la autorización para procesar al expresidente Rafael Correa. También se recordó un caso en contra del expresidente Jamil Mahuad.
Tanto la Fiscalía, como la Procuraduría y la Contraloría señalaron que eso no es vinculante y que es un trámite fuera del ámbito judicial. Además, indicaron que la Constitución es clara para presidentes y vicepresidentes.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, manifestó que los exfuncionarios no necesitan de la autorización de la Asamblea Nacional y entregó al juez nacional, Luis Rivera, copias certificadas de cuál fue el pronunciamiento de la entidad en los casos Balda y Mahuad.
Toainga añadió que se busca usar esta figura para hacer uso de una inmunidad.
Por otra parte, Rivera pidió al departamento técnico que explique qué pasó con la notificación a Bernal, pues le pareció raro de que no le haya llegado.
Asimismo, aclaró que el representante de la Defensoría Pública está listo para reemplazar, en el caso de que los defensores privados no comparezcan.
El juez Rivera tiene previsto -pasadas las 11:00- resolver con respecto al pedido del abogado de Glas y si se instala o no la audiencia.