Pedido de investigación se extiende a Rafael Correa, Alexis Mera, Guillaume Long y René Ramírez
En el año 2013, 14 universidades fueron cerradas por falta de calidad académica. Hoy, los representantes legales de 13 de ellas interpusieron una demanda por supuesta delincuencia organizada en contra del ex Presidente de la República, Rafael Correa; el ex secretario de la Administración Pública, Alexis Mera; el ex presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), Guillaume Long, y el ex presidente del Consejo de Educación Superior (CES), René Ramírez.
Los demandantes exigen que se explique la confiscación de bienes e inmuebles, fondos en efectivo en las cuentas, pasivos y cuentas por cobrar que fueran retenidas, a su criterio, de manera ilegal e inconstitucional.
“Existen más de 100 propiedades, entre edificios, terrenos, centros de formación, que fueron confiscados, muchas estructuras han sido rematadas. Es necesario que el Ecuador sepa y conozca a profundidad qué hicieron con los recursos materiales porque el perjuicio es millonario”, sostiene Armando Estrada, presidente de la pre asociación de universidades cerradas, y habla de una pérdida de más de $687 millones.
Piden también a la Fiscalía que conforme una Comisión Especial, integrada por expertos en Educación Superior.
“Junto a la confiscación está la estructura que armaron para pedir a varios rectores y administradores de las universidades dinero a cambio de evitar el cierre y posterior extinción de las mismas. Pedimos que la Fiscalía solicite a la Contraloría que se extienda copia de los informes de los Exámenes Especiales realizados a las Administraciones Temporales de las Universidades extinguidas.”, pidió el ex rector Luis Coloma.
Para el cierre de los centros, la SENESCYT presentó un informe en el que establecía que las universidades no contaban con suficientes profesores, bajo porcentaje de ellos eran contratados a tiempo completo y menos del 2 por ciento tenían doctorado o maestría.
En el documento también se hablaba de una infraestructura pobre e inadecuada; carecían de computadores y el número de libros por estudiante fue prácticamente nulo. Tampoco hacían investigación ni publicaban en revistas indexadas.
En agosto pasado, el asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Luis Almeida, presentó un proyecto de Ley para la reapertura de esas 13 instituciones. Según el legislador, el cierre de estos centros educativos se dio de manera injusta y aproximadamente 2 millones de personas no continuaron con sus estudios.