Editorial de Radio Pichincha
Entre apagones, el aumento del IVA, asaltos a embajadas extranjeras, violaciones a los derechos humanos, una nueva ola migratoria, incremento de la inseguridad, escándalos por presuntamente utilizar al Gobierno para beneficiar a su esposa y conflictos de interés, hoy, 23 de mayo, Daniel Noboa cumple seis meses como presidente de la República.
Este pequeño recuento marca la tónica de un mandatario que llegó con ínfulas de “cambio”, pero que solo demostró improvisación y, debido a esto, se convirtió en la continuidad de un Gobierno calamitoso, igual que el de Don Guillermo.
Y no es necesario ser un analista o un experto en política para darse cuenta de que el país marcha sin un rumbo fijo y que la única certeza que tienen los ecuatorianos es que nos gobierna un hombre impulsivo, que poco o nada conoce de administración pública y que su principal objetivo es candidatizarse en las próximas elecciones.
Para esto, Noboa y todo su Gabinete intentan imponer una retórica diferente a la realidad que atravesamos. Por ejemplo, ellos cuentan la historia de un Ecuador inexistente, que supuestamente se convirtió en un lugar más seguro, donde por arte de magia desaparecieron las extorsiones, los secuestros, las vacunas y los homicidios.
Esto no es así. Basta con revisar a diario las noticias y las estadísticas de provincias como Manabí, Esmeraldas, Guayas y El Oro para darse cuenta de que la declaratoria de “conflicto armado interno” solo se convirtió en nuevo adorno y que todos estos delitos han incrementado, de forma notable.
Esto se da porque nunca existió un plan integral de seguridad que nos permita salir de esta difícil situación.
Y, como si esto fuera poco, Human Rights Watch envió una carta al Presidente Noboa, en la cual documentó una serie de irregularidades, problemas estructurales y violaciones a los derechos humanos desde el 9 de enero del 2024, cuando declaró la existencia de un conflicto armado interno.
En primera instancia, alerta que no existiría un sustento legal para esta declaratoria y que los argumentos que esgrimió el Primer Mandatario para justificar este decreto son “contradictorios”.
Asimismo, esta organización documentó múltiples casos de serias violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, entre las que constan: una aparente ejecución extrajudicial, varias detenciones arbitrarias, casos de malos tratos en prisión, torturas, violencia sexual y muertes a manos de soldados.
Sin duda, estas denuncias serían un escándalo de proporciones inimaginables en cualquier otro país; pero, en Ecuador, se mantienen minimizadas por la complicidad de varios medios de comunicación y actores políticos con el Gobierno de turno, y también por un odio enfermizo que no les permite aceptar que, desde hace varios años, el país atraviesa uno de sus momentos más oscuros. PUNTO