La comunidad internacional expuso una violación a los derechos humanos a través de la politización de la justicia, con el fin de eliminar a las figuras de la oposición política del país.
Punto Noticias.- El Seminario Internacional sobre el Caso Sobornos demostró las múltiples violaciones al debido proceso y marcó un antes y un después entre los sucesos de lawfare. Pese a la campaña montada en redes sociales para intentar disuadir a la opinión pública y desprestigiar a quienes intervinieron en el evento.
En el marco del derecho internacional, los organismos de Derechos Humanos se han abanderado de este caso en el que se ha visualizado una guerra jurídica armada para atacar a los oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales y dar una apariencia de legalidad.
El evento académico se realizó el pasado 11 de noviembre en el Hotel Oro Verde de Guayaquil y en él, reconocidos juristas internacionales, sacaron a relucir las violaciones cometidas en el proceso penal que sentenció por cohecho a Rafael Correa y a sus cercanos colaboradores.
El Seminario tuvo una repercusión internacional que puso contra la pared a quienes impulsan la guerra jurídica desatada contra figuras de la oposición política en el país.
Para los expositores, el caso Sobornos careció de un debido proceso y garantías judiciales mínimas. Tanto así que en el seminario se analizaron las irregularidades y la instrumentalización del poder Ejecutivo sobre el poder Judicial con el único objetivo de condenar a autoridades de la oposición política y dejar de lado a Correa para que no participe en los comicios.
Vanessa Zavala, socia – abogada ecuatoriana litigante de García & Partners Abogados dijo que desde el inicio el propósito del sistema penal fue la condena de los procesados y no un juicio justo. Algo que también resaltó Baltasar Garzón, exjuez español y abogado experto en derechos humanos.
Para él, la sentencia tenía un objetivo contradictorio a la interpretación del Derecho, pues hubo una inconsistencia de todos los elementos de prueba, con el fin de eliminar al adversario.
Raúl Zaffaroni exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su magistral intervención relató cómo afectó en la Función Judicial la desinstitucionalización provocada por la Consulta Popular del 04 de febrero de 2018.
Lamentó que el sistema interamericano no otorgara -en su momento- las medidas preventivas que solicitaron las víctimas.
El abogado penalista argentino que ha contribuido en el área doctrinaria señaló que entre las consecuencias negativas del caso Sobornos está la participación de varios jueces que eran temporales.
Zaffaroni expuso que de los nueve jueces que intervinieron en las tres instancias, siete eran interinos, lo que para él afectó el derecho a ser juzgados por jueces imparciales.
Mientras, Aitor Martínez, abogado, profesor universitario e investigador académico experto en derecho internacional penal, sostuvo que hubo una serie de violaciones al debido proceso en el caso Sobornos. Desde ya mencionó que se convertirá en un caso paradigmático de lawfare en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos.
Martínez precisó que toda la comunidad internacional se ha involucrado en este caso por la forma en la que fue tratado.
Enumeró a las entidades y personas que han analizado el caso como: la Comisión de Control de Ficheros de Interpol; el Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados, de la ONU; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Derechos Humanos de la ONU; y otros que se han activado ante este proceso con pronunciamientos contundentes y otorgando hasta medidas cautelares tras una politización de la justicia.
Para los participantes del evento, los derechos fueron vulnerados en el caso Sobornos, en el que no se demostró ningún soborno.