Si no hay los votos para el juicio político, contra Diana Salazar, no pasa nada, y si los hay existe un subrogante, que es de la misma línea, destacó la asambleísta.
Gissela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, aclaró que la solicitud de juicio político contra la fiscal General, Diana Salazar, no fue parte del acuerdo legislativo con el Partido Social Cristiano (PSC) y la alianza ADN.
“Este juicio político no era el condicionante para un acuerdo legislativo. Es la potestad que tenemos de hacer un control político”, acotó.
La legisladora explicó que la solicitud de 100 páginas, que se presentó ante la Unidad Técnica Legal del Parlamento, demuestra las inacciones y acciones a destiempo de la fiscal Diana Salazar, en casos como: Encuentro, León de Troya, Narcogenerales, Ina Papers, Octubre de 2019 y otros.
“Sabemos que la Fiscalía funciona de manera selectiva”, agregó.
El pedido deberá también pasar por la aprobación del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) y el tiempo de su tratamiento dependerá de la respuesta jurídica que tengan los seis procesos represados de la gestión anterior y que no tienen a un sustanciador en este nuevo periodo.
Esta nueva Asamblea ha impulsado dos solicitudes de juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos; y el exministro del Interior, Juan Zapata; el tercero sería el presentado por Gissela Garzón, contra Diana Salazar.
“Si los seis represados no se tratan, se empezará con los pedidos de este periodo: El de Santos Alvite, Juan Zapata y Diana Salazar, en ese orden”, detalló.
Decir que el juicio contra la actual fiscal General demorará 14 meses, es una irresponsabilidad, manifestó Garzón, al reiterar que mientras no exista un criterio jurídico del Parlamento no se puede hablar de tiempos, pues de ser el caso, también existe la posibilidad de que sea tratado en un máximo de cinco meses, deslindando los procesos represados.
En todo caso, Gissele Garzón instó a los asambleístas a no mostrarse en contra de la solicitud y desde ya predisponerse a decir que no hay votos, como ocurrió con el juicio político contra Guillermo Lasso. Más bien los invitó a acompañar el tratamiento del proceso cuando llegue a la Comisión de Fiscalización, a aportar con la investigación y a evaluar de las pruebas.
“Si no hay los votos no pasa anda, y si los hay existe un subrogante, que es de la misma línea de Diana Salazar”, mencionó.
La asambleísta recordó que el artículo 131 de la Constitución, permite que se fiscalice la gestión de ministros, de titulares de la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Defensorías Pública y Del Pueblo, Superintendencias, CNE, TCE, Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y demás autoridades en el ejercicio de su cargo y hasta un año después.