El testimonio del testigo protegido se recabó luego de que se cerró la instrucción fiscal por los autores materiales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Punto Noticias.- No se conoce qué pasó con José A., considerado testigo protegido por la Fiscalía en el Caso Villavicencio, pero lo que sí se sabe es que su testimonio es clave para dar con los autores intelectuales del crimen del excandidato presidencial registrado el 9 de agosto del 2023.
Ayer, la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, señaló que la información proporcionada por el testigo protegido como parte de la cooperación eficaz es importante para dar con los autores intelectuales del asesinato del excandidato.
La Fiscalía procesaba a 13 personas en calidad de autores materiales del asesinato de Villavicencio, pero en octubre del 2023 fueron asesinadas siete, quedando seis sobrevivientes y para quienes pidió al Gobierno protección.
Cabe recordar que el 8 de octubre del 2023, la Fiscalía dio por terminada la instrucción fiscal en este caso y es por eso que ahora se tiene programado acusar solo a los autores materiales. Es decir, a quienes ejecutaron el crimen, más no a los autores intelectuales.
Para el caso de los autores intelectuales, la Fiscalía abrió otra investigación basada en el testimonio del testigo protegido, el cual se receptó luego de concluida la instrucción fiscal.
En este punto, entra con fuerza el apoyo técnico del Gobierno de Estados Unidos en la investigación.
La Fiscalía señaló que ese respaldo le permitirá avanzar en las siguientes etapas del proceso penal y, además, establecer los parámetros para continuar con la búsqueda de los autores intelectuales del ilícito.
El 12 de octubre del 2023, en un post realizado por el expresidente Rafael Correa alertó de que iban a sacar del país al testigo protegido José A., previo a los comicios del domingo, 15 de octubre.
Al momento, José A. continúa en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Él habría señalado que los sicarios recibieron USD 200 000 por matar al excandidato presidencial. También habría hablado sobre los autores intelectuales.
Al ingresar el número de cédula de José A. en los apartados de consultas de las páginas web de la Función Judicial y de la Fiscalía aparece su historial.
Solo en la Fiscalía se reflejan denuncias por receptación, estafa, tenencia y porte de armas, y daño al bien ajeno.
Mientras, en el portal de la Función Judicial aparecen causas por cobro de letra de cambio, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y delincuencia organizada. Esta última es la más visible.
A su historial, se suma un juicio de alimentos con montos pendientes de pago por más de USD 8 000, sin contar intereses y cuyo valor fue motivo de una mediación.
Sin embargo, sería por el tema de delincuencia organizada que decidió hablar, con el objetivo de quedar limpio de imputaciones. Lo hizo justo cuando existía una recompensa de USD 5 millones ofrecida -en un inicio- por el Gobierno de Estados Unidos.
Por la información sobre los autores intelectuales del crimen, se dijo que el testigo protegido pedía la recompensa, pero el Gobierno de Estados Unidos, que apoya en la investigación, hizo luego precisiones para el cobro. Además, la Fiscalía descartó que José A. haya pedido dinero a cambio de su versión.
Bajo esas circunstancias, no habría recibido ningún dinero, pero lo que sí hubo de parte de la Fiscalía fue un llamado de atención a los medios de comunicación.
La Fiscalía advirtió con seguir procesos legales si se daba a conocer información sobre quién era el testigo protegido.
Los vínculos del testigo protegido
José A., fue quién en su testimonio anticipado, se refirió a los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales del crimen del excandidato presidencial e incluso señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el asesinato. Es ahí en donde se tejen los lazos con Laura C., alias La China, procesada en este caso.
Laura C. es una de las cabecillas de una banda delincuencial que opera en el sur de Quito y en el Valle de Los Chillos. Estaba dedicada a comercializar droga en sociedad con la organización delictiva de Los Lobos, la cual en un inicio se atribuyó el crimen de Villavicencio.
En la página de la Función Judicial, la procesada registra antecedentes por tenencia y porte de armas, asesinato y delincuencia organizada. Por este último caso se la relaciona con José A.
La coincidencia ahí con el testigo protegido también se da por el hecho de que éste sería parte de Los Lobos y operaría en Rumiñahui.