Mientras se resuelve la causa, pidieron medidas cautelares para cesar las violaciones al derecho al trabajo y evitar posibles despidos.
Punto Noticias. Luego de más de tres meses sin recibir sus remuneraciones, los trabajadores de Diario El Comercio presentaron una acción de protección para que sea la justicia constitucional para que garantice los derechos laborales vulnerados por el medio de comercial.
La acción está ahora en manos de las y los jueces Fanny Isabel Altamirano Cárdenas, Olga Azucena Ruíz Russo; y Luis Gonzalo Fuentes López, del Tribunal de Garantías Penales, con sede en Iñaquito.
Las protestas o medidas de hecho que han realizado los trabajadores no han hecho eco en los oídos sordos de sus directivos, quienes siguen sin cumplir sus obligaciones laborales con sus empleados y con sus extrabajadores.
“El objetivo de esta acción judicial es trasparentar la situación del diario frente a las y los trabajadores y exigir como reparación integral que se tomen las medidas más adecuadas para que se paguen puntualmente las remuneraciones, incluido los beneficios legales, priorizando a los trabajadores sobre cualquier otra obligación”, explican los afectados.
Mientras se resuelve esta acción de protección, solicitaron como medidas cautelares para cesar las violaciones al derecho al trabajo y a la vida digna, que además protegerán a las y los trabajadores de una posible separación laboral del diario.
-Que se retorne a todas y todos los trabajadores accionantes que se encuentra en teletrabajo al trabajo presencial, en donde se les garantizará todos los recursos para que puedan cumplir de manera adecuada con su labor.
-Que se provea de transporte colectivo, a la hora de entrada y de salida de la jornada de trabajo para que las y los accionados puedan cumplir con sus labores diarias y acudir al lugar de trabajo.
-Que se provea de una comida por jornada de trabajo, ya sea diurna o nocturna a las y los trabajadores accionantes.
Recuerdan que desde el 2020, Diario El Comercio “ha incumplido constantemente con el pago de salarios a sus colaboradores”. Dentro de los demandantes existen personas de grupos de atención prioritaria, especialmente mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, personas con discapacidad.