El exvicepresidente fue detenido, a pesar de contar con un asilo político otorgado por el Gobierno de México.
Punto Noticias.- El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia integrado por los jueces Mónica Heredia (ponente), Liz Barrera y Adrián Rojas instaló la audiencia de habeas corpus solicitada por Francisco Hidalgo, expresidente nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, a favor del exvicepresidente Jorge Glas.
El recurso fue interpuesto en contra de Rita Bravo, jueza de la Corte Nacional de Justicia; Melissa Muñoz Sánchez, jueza de la Unidad Especializada en Garantías Penitenciarias del Distrito Metropolitano de Quito; Daniel Noboa, presidente de la República; Mónica Palencia, ministra de Gobierno; César Zapata, comandante general de la Policía Nacional; y Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Todos ellos están presentes en la diligencia vía virtual a través de sus abogados. Sin embargo, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia está desde su despacho conectada.
Glas, quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad La Roca, también está conectado vía Zoom. A él, se lo observa afectado en su salud, luego de salir del Hospital Naval, en donde fue tratado por una intoxicación ante una ingesta de medicamentos.
Previo a la instalación de la audiencia, Rafaella Uzcátegui, de la Procuraduría General del Estado, habló de la competencia de los jueces en tema de garantías, para evitar una nulidad. Es por eso que, para dar validez procesal, el Tribunal se retiró a analizar el caso y resolvió que sí eran competente.
En la diligencia está previsto que se presenten también amicus curiae, un recurso que permite la intervención de terceros ajenos a un proceso, para que emitan una opinión sobre el caso sometido a conocimiento judicial, en virtud de su interés en la resolución final.
Uzcátegui, como representante de la Procuraduría General del Estado, recordó que el exvicepresidente tiene dos sentencias que fueron unificadas por los casos Odebrecht y Sobornos, por lo que Glas debe cumplir una condena de ocho años. Sin embargo, de ellos ya ha permanecido en prisión más de cinco años.
Además, el habeas corpus solicitado es por la orden de prisión preventiva dispuesta por la jueza Rita Bravo, accionada en este caso. Ella emitió la orden de detención por el Caso Reconstrucción de Manabí, luego de la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado efectuada el pasado 5 de enero que estuvo a cargo del entonces juez Luis Rivera.
Glas permanecía en calidad de huésped en la Embajada de México en Ecuador desde el 17 de diciembre del 2023 esperando una respuesta a su solicitud de asilo político, el cual se lo habría concedido el pasado 4 de abril, pero un día después militares y policías ecuatorianos irrumpieron en la sede diplomática para detenerlo, agrediendo -incluso- al jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México, Roberto Canseco.
La jueza ponente luego de declarar la competencia del Tribunal dispuso que cada una de las partes intervengan por un tiempo de 20 minutos para que presenten sus pruebas y al final intervendrán los amicus curiae.
Glas tenía como abogado a Carlos Vinicio Tapia Santos, pero por intermitencias en su conexión, la jueza ponente le consultó si los abogados Andrés Villegas y Marcelo Orellana lo iban a defender. La respuesta fue positiva y Glas dejará que los tres abogados participen de su defensa.
Villegas y Orellana son los abogados a la vez de Francisco Hidalgo, quien interpuso el habeas corpus.
La primera acción durante la diligencia fue la lectura de un escrito remitido al Tribunal por la jueza Rita Bravo relacionado con la privación de la libertad y el habeas corpus.
La resolución de Bravo sobre la localización y captura de Glas fue ordenada el pasado 12 de enero.
En ese sentido, determinó que el recurso de habeas corpus sea declarado ilegal y arbitrario. Por lo tanto, que sea negado.
Algo similar pidió la jueza Melissa Muñoz, quien el 28 de diciembre del 2023, negó la prelibertad al exvicepresidente. Glas, para esa fecha, ya había cumplido más de cinco años de los ocho años de cárcel de la sentencia unificada.
También se presentaron informes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, todos indicaron que se cumplió con la orden judicial.