Solo en 2022, más de 2. 000 niñas menores de 14 años fueron madres producto de una violación.
Punto Noticias. En el marco del 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, existen pendientes y deudas por parte del Estado. Las organizaciones Fundación Desafío y Coalición Nacional de Mujeres presentaron cifras alarmantes que, en algunos cantones, se quintuplican los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes.
Lizi Ernst, de la Coalición, dijo que se necesita realizar una investigación profunda sobre la violencia y el abuso sexual en niñas, así como su conexión con el incesto porque, dijo, son temas que no se están abordando adecuadamente.
De ahí las alarmantes cifras que deja el 2022. En los últimos 12 meses la violencia sexual ha superado a la violencia física y patrimonial que viven las mujeres. Las más afectadas son las mujeres indígenas.
A nivel nacional, el porcentaje de violencia sexual se sitúa en un 32.7%, siendo mayor entre las mujeres indígenas con un 25.1%. En cuanto al abuso sexual infantil, los datos de algunas provincias muestran un aumento significativo.
En todos los cantones se ha observado un fuerte incremento de la violencia sexual hacia niñas y adolescentes, especialmente en las zonas empobrecidas. ¿Por qué ocurre esto?, se pregunta Ernst y responde: “Surge debido a una relación de poder ejercida por individuos machistas que agreden a niñas y adolescentes. La inseguridad y la violencia contribuyen al aumento de los femicidios y de la violencia sexual, ya que obligan a las niñas a permanecer dentro de sus hogares, donde se produce el incesto a manos de padres, padrastros, abuelos, tíos y hermanos”.
Sin embargo, los casos registrados siguen siendo una subestimación de la realidad debido a que, dijo, las mujeres no se atreven a denunciar a sus agresores debido a las amenazas que reciben. En los casos de incesto, muchas familias prefieren no denunciar por mantener el “buen nombre” o por la dependencia económica del agresor.
Abandono del Estado
Virginia Gómez de la Torres, de Fundación Desafío, denunció el abandono del Estado en territorio. Reclamó que no se implementan políticas públicas ni se destinan recursos para ejecutarlas.
“A nivel de política pública no trabaja en la prevención de la violencia machista. Intenta trabajar en la consecuencia, pero eso no es prevenir. Y en la consecuencia tampoco lo hace bien porque los femicidios siguen en aumento”, agregó.
El Registro Único de Violencia, que es una estrategia importante para tener una sola estadística, todavía no se ejecuta, siendo competencia del Ministerio de la Mujer.
Reclamó también que las casas de acogida y refugio tiene presupuesto ínfimos y precarios, luego de sufrir para conseguir sus asignaciones.
“El hecho de que en 2022 hayan parido 2001 menores de 14 años, producto de violación, da cuenta que es algo intocado y tiene que ver con falencias en la educación sexual, que se niegan incluir”, alertó.
Para las mujeres activistas, sí hay políticas, documentos y estándares internacionales, pero en papel. “Los derechos de las personas no están volando en documentos, están en los cuerpos de las personas”, dijo Gómez de la Torre.
De ahí, el llamado a las y los candidatos para las elecciones adelantadas para que expongan con claridad cuál será su trabajo para combatir la violencia de género.