Por el SNAI pasaron cinco directores y ninguno pudo controlar la crisis del sistema penitenciario
Por Adrián Acosta
Con cinco amotinamientos en centros penitenciarios, que dejaron 281 internos asesinados, el Ecuador ha sido noticia mundial en los últimos meses.
Este es el resultado de un improvisado manejo del sistema de rehabilitación social en el primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso.
Hagamos un recuento de las masacres. El 22 de julio de 2021 perdieron la vida 22 reos durante acciones simultáneas en la Penitenciaria del Litoral y las cárceles de Latacunga y Cuenca.
Dos meses más tarde, el 28 de septiembre se producía la peor masacre de la historia carcelaria ecuatoriana. 120 internos fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral.
El 23 de octubre, 7 reclusos fueron encontrados sin vida en la misma penitenciaría del Litoral. Las autoridades aseguraron que se trató de un suicidio colectivo.
El 12 de noviembre fue la última matanza del año, que dejó 68 presos asesinados, hecho ocurrido nuevamente en la Penitenciaría del Litoral.
Ya en 2022, el 04 de abril, 20 internos murieron en la cárcel de Turi, en Cuenca; y el 09 de mayo, otros 44 fueron asesinados en el centro de reclusión de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En los motines se utilizaron pistolas, fusiles y hasta granadas. Cómo ingresa armamento a los centros penitenciarios?, es la interrogante que las autoridades no han podido responder.
El discurso del Gobierno luego de cada masacre ha sido siempre el mismo: mano dura a las mafias, militarización de las cárceles y la declaratoria de estado de excepción. Acciones que no tuvieron resultados.
El 29 de septiembre de 2021, un día después de la peor tragedia carcelaria, el presidente Lasso expresó: “A las mafias que pretenden amedrentar a este país quiero decirles que se equivocan si creen que este Gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores, se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados, vamos a usar todo el poder de la ley para garantizar la paz y los derechos humanos en los centros carcelarios del ecuador”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las repetidas masacres en las cárceles ecuatorianas y solicitó al Estado investigar estos hechos y tomar acciones para impedir que se repitan nuevas revueltas.
Pese a ello, el gobierno no adoptó medidas efectivas y los amotinamientos armados continuaron.
El manejo del sistema penitenciario ha sido improvisado. En apenas un año han pasado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, (SNAI) cinco directores.
El general Edmundo Moncayo estuvo entre el 24 de mayo y el 22 de julio de 2021, el coronel Fausto Cobo desde el 22 de julio hasta el 27 de septiembre de 2021, Bolívar Garzón desde el 28 de septiembre hasta 14 de noviembre, Fausto Cobo nuevamente desde el 14 de noviembre hasta el 8 de diciembre y Pablo Ramírez, desde el 08 de diciembre hasta la actualidad.
El presupuesto para el sistema penitenciario para 2022 fue de 30 millones de dólares. Pero hasta abril apenas se ejecutó el 0.78%, equivalente a 233.235 dólares. Es decir, ni si quiera existió capacidad planificadora y de gestión.