Ante esto, comunidades indígenas emprenderán acciones legales en contra de empresas petroleras.
Luego de la rotura de una tubería del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en el sector de Piedra Fina, provincia de Napo, el 28 de enero, se reportaron múltiples daños ambientales y afectaciones a comunidades indígenas del sector. Según un cálculo preliminar, se estima que aproximadamente 60.000 personas fueron afectadas.
Alexandra Almeida, integrante de Acción Ecológica, alertó que las petroleras y las autoridades tratan de minimizar el daño y las afectaciones a comunidades, animales y a la biodiversidad en general.
“No están tomando las medidas necesarias las autoridades, ni tampoco las empresas responsables de esto. Tratan de ocultarlo y tratan de taparlo diciendo que todo está controlado. Estos daños son irremediables e irreparables”, advirtió.
Grupos indígenas y ambientalistas también aseguraron que el crudo llegó al Río Coca y más tarde al Río Napo, afluente del Río Amazonas, y los afectó en cuestión de horas.
Además, alertaron que se quedaron sin acceso al agua y a la pesca, debido a esto no descartan movilizaciones, ya que aseguran el Estado no está respetando sus derechos.
Por su parte, Silvia Bonilla, abogada de la Alianza de los Derechos Humanos, aseguró que se emprenderán acciones legales y también pidió los jueces constitucionales que tomar acciones para sancionar a empresas petroleras.
“Le exigimos a la Corte Constitucional que genere los estándares adecuados para la reparación, pero, sobretodo, que esa decisión genere medidas de no repetición y que casos como estos no vuelvan a ocurrir y que estas empresas petroleras no salgan impunes”.
Fuente: Conaie – Sonorama