La ministra de Gobierno y su doble discurso ante los alcaldes de Quito y Guayaquil
LOS PERIODISTAS (O)
En medio de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, lo responsable para el país es la unidad de todos los sectores, dejando de lado las diferencias políticas.
Pero en la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al parecer ha pesado más su posición política, en lugar de promover la suma de esfuerzos para enfrentar la crisis.
Esto lo ha llevado a emitir pronunciamientos y actitudes contradictorias, lo que evidenciaría que da mayor prioridad a lo político, que a su función dentro del Comité de Operaciones de Emergencia, COE.
Cuando la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ordenó la toma de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, para impedir el aterrizaje de vuelos humanitarios de Iberia y KLM, la ministra aseguró que “no es momento de polemizar entre autoridades, también tenemos que dar un ejemplo de unidad y coordinación”.
A pesar de que Viteri irrespetó decisiones del COE nacional y de la gravedad de su actitud, que podría traer sanciones internacionales, Romo, al igual que las máximas autoridades gubernamentales, se desentendió del tema.
En cambio, cuando el alcalde de Quito, Jorge Yunda, envió una propuesta del COE cantonal para fortalecer las acciones para contrarrestar la propagación del virus, la ministra le respondió públicamente en su cuenta de twitter, con una serie de cuestionamientos, en un extenso hilo de 11 tweets.
Pese a que había señalado que no es momento de polemizar entre autoridades, la respuesta a Yunda fue irónica. En una parte expresó: “antes de que al alcalde se le ocurra darnos el consejo; en Quito hemos realizado 898 controles”.
¿Era necesario que Romo polemice su respuesta a través de una red social? ¿Por qué no hizo lo mismo con Cynthia Viteri?
Pero esta no fue la primera vez que el Gobierno recrimina a Yunda. Al inicio de la emergencia, el alcalde había anunciado la restricción total de la circulación vehicular en Quito, contrario a la disposición nacional de que se aplique de acuerdo al último número de la placa, entre pares e impares.
El COE emitió una resolución en la que, entre otros puntos, advertía que las autoridades que incumplan o modifiquen lo resuelto por las autoridades nacionales, recibirán sanciones civiles, administrativas y penales.
Al Gobierno quizás le incomode que sea el alcalde de Quito quien se haya adelantado, el pasado 12 de marzo, en suspender las clases y adoptar otras acciones en la capital para evitar la propagación del Coronavirus.
Y mientras el pasado sábado la ministra de Salud, Catalina Andramuño, renunciaba a su cargo y denunciaba que el ministerio de Finanzas no había asignado recursos para enfrentar la emergencia, María Paula Romo tenía otro as bajo la manga para intentar bajar la tensión.
La funcionaria publicó en su cuenta de twitter: “mientras el país está enfocado en atender la emergencia sanitaria, un pasador le llevaba esta nota a Pablo Romero (ex SENAIN) en la cárcel. No vamos a bajar la guarda, no vamos a permitir que siembren el caos nuevamente en un momento tan delicado.”
Se refería a un pedazo de papel manuscrito en el que se pedía al exsecretario de Inteligencia del Gobierno anterior, Pablo Romero, que respalde una demanda en contra de una ciudadana, para lo que se requería que envíe un poder.
En medio de la emergencia, Romo pretendió magnificar este hecho, pero recibió decenas de cuestionamientos en las redes sociales.
En cuanto al COE de Pichincha, la ministra integró ese organismo recién el 21 de marzo, una semana después de iniciada la emergencia. Delegó al Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Agustín Albán, para que lo presida.
Nuevamente pesó la retaliación política. Pudo haber solicitado que asuma esa función la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, o el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quienes estuvieron desde el comienzo al frente de la emergencia y, demás, conocen la realidad de la capital y de la provincia.