Las defensas del exalcalde de Quito y de los otros procesados por el delito de peculado esperan que el Tribunal convoque a audiencia. Las irregularidades se habrían dado en la compra de pruebas PCR que no se ajustaban a los parámetros establecidos en el contrato.
Punto Noticias.- La defensa del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, procesado junto con 13 personas más por el delito de peculado en la compra irregular de pruebas para detectar Covid-19, espera la resolución del Tribunal de la Sala Penal de la Corte de Justicia de Pichincha.
Edgar Molina, abogado de Yunda, manifestó que están a la espera de la convocatoria a la audiencia en la que se dará lectura a la sentencia. Sin embargo, dijo que aún no han sido convocados.
De esta manera, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrado por los jueces: José Jiménez (ponente), Lady Ávila y Diana Fernández, se toma su tiempo para preparar la sentencia en el denominado caso Pruebas PCR.
Fueron 18 días de juicio y, el pasado 17 de abril, el Tribunal entró a deliberar. El juez ponente anunció que “oportunamente, convocará a las partes para anunciar su resolución”.
Yunda, 12 exfuncionarios municipales y el representante legal de la empresa Salumed S.A., fueron juzgados por un presunto peculado, que se habría cometido en la compra irregular de 100 000 pruebas PCR para diagnosticar Covid-19, durante la emergencia sanitaria, al proveedor Salumed S. A.
Según la Fiscalía, la adquisición de las pruebas generó un perjuicio al Estado de USD 2 235 491. Es por eso que la teoría del caso presentada por la entidad, el 16 de abril de 2020, es que la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito contrató, con la empresa Salumed S. A., la compra de 100 000 pruebas PCR para la detección de Covid-19 de Polimerasa, a un costo de USD 4,2 millones.
Para la Fiscalía, la irregularidad se dio cuando en lugar de las PCR Polimerasa, el Municipio recibió pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato.
La entidad consideró que no se cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato y, a pesar de eso fueron aceptadas por la Secretaría de Salud.
Por esta actuación, la Fiscalía pidió al Tribunal, que los 14 procesados sean sancionados con una pena privativa de la libertad de 10 años y que la reparación integral sea por el monto correspondiente al perjuicio causado al Estado, esto es USD 2’235 491.
Los 14 procesados son:
1. Jorge Yunda, exalcalde de Quito
2. Lenin Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio de Quito
3. Alejandro Vinelli, representante de Salumed S.A.
4. Ximena Abarca, exsecretaria de Salud de Quito
5. Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud
6. Marco Rubi, excoordinador jurídico
7. Enrique Bucheli, exdirector Metropolitano de Gestión de la Secretaría de Salud
8. Iván Manzano, responsable del estudio de mercado
9. Diego Salazar, integrante de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud
10. Simón Valencia, integrante de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud
11. Paola Cárdenas, delegada en el proceso de contratación pública de la Secretaría de Salud
12. Daysi Hidalgo, administradora del contrato firmado por la Secretaría de Salud y el Municipio de Quito
13. Erik Andrade, excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud
14. José Hernán Morales, funcionario de la Secretaría de Salud