Organizaciones activistas por los derechos de la mujer consideran que los postulantes deben presentar sus planteamientos sobre esta temática.
Punto Noticias. En Ecuador, las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres enfatizan en la importancia de que los candidatos a la Presidencia tomen una postura clara y pongan entre sus propuestas, como prioridad, los temas referentes a la despenalización del aborto en el país.
La decisión del Senado argentino de legalizar el aborto en ese país puso el ejemplo a seguir en nuestra nación y, previo a las elecciones presidenciales en Ecuador, el 7 de febrero próximo, es una demanda a los postulantes.
A criterio de Mayra Tirira, abogada del Centro de Apoyo y Protección para los Derechos Humanos Surkuna, “sería muy interesante que los políticos y candidatos comiencen a pronunciarse con relación al aborto y ojalá exista una propuesta específica para la despenalización total. Porque despenalizar únicamente por la causal de violación es un mínimo necesario para la garantía de los derechos de las mujeres”.
Considera que la legalización en Argentina es para América Latina un hito fundamental, porque abre paso a que en otras legislaciones se comience a discutir el tema de la despenalización total. “De hecho ya existe en la Corte Constitucional colombiana una demanda interpuesta en el mismo sentido. Esperamos que la marea verde se vaya expandiendo en América Latina y agradecemos profundamente a las hermanas argentinas por la lucha”, señaló.
El Senado argentino aprobó, en la madrugada del miércoles 30 de diciembre del 2020, la legalización del aborto hasta la semana 14 de embarazo. El proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández recibió 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, tras una sesión de 12 horas, durante la cual miles de personas se concentraron en los exteriores del Congreso para conocer la decisión final.
En Ecuador, en 2019, la Asamblea Nacional negó la despenalización del aborto para víctimas de violación. Hasta el momento, un total de cuatro demandas se han interpuesto ante la Corte Constitucional. “Esperamos que en este año esta Corte le dé al caso la prioridad que merece, porque sabemos que 14 niñas del país se quedan embarazadas y siete dan a luz cada día”, manifestó.
Cree que las estadísticas subirán, ya que la violencia sexual se ha disparado durante la pandemia por covid-19. “Lo que pasa es que no se ha podido denunciar”, lamentó.
En opinión de la directora de Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, para Argentina ha sido una ventaja tener un presidente que apoyó el tema, introduciendo una propuesta de ley. “Desafortunadamente en Ecuador no hemos tenido esa suerte, ni el expresidente Rafael Correa ni el actual, Lenín Moreno, han apoyado este tema”, reclamó.
Cuestiona que en Ecuador se tiene que debatir la atención de mujeres que llegan a casas de salud con emergencias obstétricas por abortos en curso. “Ahí está la diferencia de un país que defiende los derechos de la mitad de la población, de quien utiliza el poder, la democracia para que los derechos de las mujeres avancen y no sea un país que vulnera, como en nuestro caso”.
Gómez sostiene que Ecuador está lejos de dar el paso que ha dado Argentina. “El escenario político en este país es crítico. De todos los candidatos a presidentes, solo un par se ha posicionado, pero no de forma fuerte, con un programa de gobierno que privilegie ese tipo de avances”.
Apunta que en el país hay cinco millones de mujeres en edad fértil, sin contar a las niñas de 10 a 14, lo que significa que la tercera parte de la población del país son mujeres que estarían en riesgo de ser violadas y embarazadas.
Recuerda que un 33 % de mujeres en el país ha sufrido o sufre violencia sexual y dos de cada tres viven un embarazo no planificado, según el estudio de costos y omisión que hizo el Ministerio de Salud, el Fondo de Población y la ONG Sendas de Cuenca.
Según la directora de Desafío, en la pandemia se redujo en un 26 % la atención en planificación familiar y casi un 60 % en atención a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de atención a la violencia basada en género.
Fuente: El Comercio.