Indicó que hoy el Gad Pichincha tiene fijada la audiencia para resolver la acción de protección por el caso de la devolución del IVA.
Paola Pabón, titular del Gobierno Provincial de Pichincha, advirtió que la falta de cumplimiento en los pagos que el régimen debe realizar a las prefecturas mes a mes, sumado a las deudas que se vienen arrastrando de otros años, está provocando una crisis financiera, la cual también impactará a otras instituciones públicas.
“Hemos colocado una acción de inconstitucionalidad al incumplimiento del Gobierno y también sobre los acuerdos ministeriales que pretenden hacer un recorte a los presupuestos”.
Informó que en mayo del 2020 el exministro de Finanzas, Richard Martínez, emitió acuerdos ministeriales para recortar el presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, resoluciones que no se dieron a conocer, ni se socializaron con los implicados: “Entonces llega el ministro Mauricio Pozo y en diciembre dice que hay un acuerdo que les permite un recorte de entre el 19% y 60% y que lo van aplicar”.
Detalló que tras la huelga de hambre de los alcaldes los decretos se dieron de baja, pero se exceptúan los meses que van de mayo a diciembre: “Colocando un recorte espurio e ilegal”.
Pabón resaltó que el incumplimiento de las obligaciones por parte del Gobierno impacta a otras instituciones públicas porque no solo se trata de que no habrá presupuesto para cumplir con los créditos, proveedores o pago de nómina sino también al IESS por los aportes que se deben hacer de los trabajadores, la luz eléctrica, el agua potable e incluso el pago a Petrocomercial por los combustibles.
“Las jubilaciones a las que tienen derecho los trabajadores; el lunes el sindicato ha pedido audiencia con la Prefecta pero no puedo jubilarles porque no tengo presupuesto”.
En ese marco, informó que este viernes 22 de enero se ha fijado la audiencia sobre la acción de protección presentada para el caso de la devolución del IVA que suma un total de USD11’924.853. Explicó que existen más de 23 resoluciones del Servicio de Rentas Internas que se han remitido al Ministerio de Finanzas para que el dinero sea devuelto a la Prefectura de Pichincha, mismas que no han tenido respuesta.
“Nosotros adquirimos contratos que nos cargan el IVA, el SRI retiene y se devuelve a través del ministerio de Finanzas a los GAD´s, pero no se ha devuelto”.
Lamentó que en la intención de desprestigiar a las Prefecturas, el Gobierno este perjudicando a la ciudadanía por la falta de obras e incluso la dinamización económica porque la inversión permite la generación de fuentes de trabajo.
Ley de Defensa a la Dolarización
Pabón indicó que con la ley económica urgente que el régimen busca aprobar en la Asamblea Nacional, se pretende llevar al país en peso; la prefecta de Pichincha asemejo lo que está ocurriendo con la crisis de 1999 que obligó a más de tres millones de ecuatorianos a migrar: “En esta ley se pretende que el banco central deje de tener relación con los GADS, con las empresas de los GADS, pero se permite que mantenga relación con la banca privada”.