El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona estos delitos con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.
Punto Noticias. Este martes 31 de agosto, se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio por presunta detención ilegal y tortura de la ciudadana Amparo C., en 1994. La Fiscalía procesa a Jorge C. y Nelson V., exagentes de Policía, por presuntos delitos de lesa humanidad.
El jueves 05 de noviembre de 2020, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra Nelson Germánico V. y Jorge Gustavo C., exagentes de la Oficina de Investigación del Delito de la Policía Nacional, por presuntas violaciones a los derechos humanos, delito tipificado en el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los hechos habrían ocurrido en enero de 1994. Amparo C. M., en aquel entonces de 19 años, habría sido detenida por el presunto hurto de un reloj, del local comercial en que trabajaba.
Los hoy procesados, sin una orden judicial, la detuvieron y la habrían sometido a una serie de torturas físicas, como golpes y corriente eléctrica, además de agresiones psicológicas, insultos y amenazas de muerte. Estos hechos se habrían llevado a cabo con la intención de que la joven se auto culpara por el delito de robo.
Nelson Guano, agente de la Fiscalía de Derechos Humanos y Participación Ciudadana No. 2, presentó ante el Juez, como elementos de convicción, la versión de la víctima, en la que detalla los vejámenes de los que fue víctima durante la detención ilegal; el informe médico legal de la fecha en la que ocurrió el hecho, que señala el tipo de lesiones provocadas; la boleta de detención en contra de la mujer, expedida un día después de su ilegal detención; el informe médico pericial, que determina estrés post traumático; el informe policial suscrito por uno de los procesados, en el que concluye que la víctima participó en el delito de hurto, pese a que no se contaba con evidencia del supuesto delito, entre otros documentos.
Además, sobre este caso existe el antecedente del Informe de Fondo remitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se declara a Amparo C. M. víctima del delito de tortura.
El fiscal solicitó la prisión preventiva. Sin embargo, el juez de Garantías Penales les dictó medidas sustitutivas, según los numerales 1 y 2 del artículo 522 del COIP: presentación periódica ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.
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Los exagentes de policía son procesados por delitos de lesa humanidad y constituyen graves violaciones a los derechos humanos. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona estos delitos con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.
Este es el segundo caso que se judicializó en 2020 por delitos por violaciones a los derechos humanos. El primero fue el caso Laz Jama, en el que cuatro policías en servicio activo fueron llamados a juicio como autores de los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura.
Fuente: FGE.