La Fiscalía realiza su exposición para determinar la responsabilidad de los procesados.
Punto Noticias.- Tras reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunta concusión, el juez nacional Walter Macías declaró la validez del proceso, luego de desechar el pedido de las defensas de los procesados y dar paso a la Fiscalía para que haga el anuncio de la prueba, dé a conocer su dictamen acusatorio, y -de ser el caso- solicite que la exasambleísta Karina Arteaga, su esposo Jhon Arturo Álava y Jenny Muñoz, asistente y jefa de despacho de la exfuncionaria sean llamados o no a juicio.
El juez aclaró que los 30 días adicionales a los 90 de instrucción fiscal empezaron a contarse una vez que fueron notificadas las partes con la vinculación. Por tanto, dijo que no se excedió el tiempo y no se vulneraron los derechos ya que fue corregido con anterioridad el tema de que se pudo haber pensado que hubo más días de instrucción.
Precisó que la Asamblea Nacional sí autorizó el inicio de la causa penal en contra de Arteaga, por lo que el hecho de que esta no procede quedó insubsistente.
Además, dijo que ya se instaló anteriormente esta audiencia y que ahí no se alegó el tema del exceso de tiempo de la instrucción, por lo que esto quedaría cerrado.
En tanto, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, empezó con la presentación de su prueba en la cual hizo un recuento de cómo los procesados participaron en el cobro de contribuciones a los subalternos de la exlegisladora durante el período 2017 – 2019.
Sostuvo que Arteaga abusó de su cargo y bajo amenazas exigió, a través de Jenny Muñoz, las contribuciones económicas. La jefa de despacho habría recibido USD 10.466,81.
Toainga señaló que, por ejemplo, los depósitos realizados por Verónica Pinargote, quien denunció a la exlegisladora, fueron realizados a la cuenta del esposo de la exasambleísta. Recursos que habrían servido para el pago de cuotas de un vehículo.
Si bien una modalidad era el pago en efectivo, también se recibían las contribuciones a través del pago con tarjetas de crédito.
El fiscal explicó que se pedía un 10% del sueldo supuestamente para financiar al movimiento Alianza PAIS, pero esos recursos se habrían quedado en las cuentas de Arteaga.
Fuente: Corte Nacional de Justicia