Punto Noticias.- La asambleísta Cristina Reyes, del PSC, espera que la Corte Constitucional declare inconstitucional el primer inciso del artículo 384 de la Carta Magna, que establece que la comunicación es un servicio público.
Para el efecto, este miércoles, la legisladora Reyes presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con el argumento de que el gobierno anterior, al considerar a la comunicación un servicio público, buscó controlar este derecho ciudadano e impedir el acceso a una información libre y plural.
Y, ni siquiera hizo falta que la Corte Constitucional conozca la demanda de la asambleísta Reyes, porque en la sesión de este miércoles, 1 de agosto, el Pleno de la Corte, con cinco votos a favor, declaró inconstitucionales las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en 2015, entre ellas la de la comunicación como servicio público.
Mientras tanto, la Comisión de Derechos Colectivos continúa el trámite para unificar en uno solo la docena de propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Una ley que deje de ser sancionatoria, según el asambleísta Jorge Corozo, quien preside la mesa parlamentaria.
El Ejecutivo planteó un proyecto de reformas, una de cuyas propuestas es eliminar la Superintendencia de Comunicación e Información, acogiendo el criterio de los medios privados, que se sentían perseguidos por este organismo.
Precisamente, este miércoles se posesionó el nuevo Superintendente de Comunicación, Edison Toro, designado por el Consejo de Participación transitorio, en reemplazo de Carlos Ochoa, quien fue cesado en funciones por el mismo Consejo.
El papel del nuevo Superintendente de Comunicación será rebuscar todas las ilegalidades cometidas por Ochoa durante su administración, con el fin de sancionarle, según señaló, en su oportunidad, el propio presidente de la República.