Juan Carlos Salazar reprochó la respuesta de la fiscalía que en lugar de reabrir el caso León de Troya, se ha dedicado a perseguir a los dos uniformados que investigaron.
El abogado Juan Carlos Salazar señaló que el teniente coronel José Luis Erazo y el teniente Rodney Rengel, encargados de investigar el caso León de Troya, temen por su vida, no solo por las represalias que puedan tomar las organizaciones criminales, sino por el mismo Gobierno.
Salazar explicó que el informe del caso León de Troya determina que el régimen de Guillermo Lasso tendría vínculos con la mafia albanesa, lo cual lo convierte en el principal enemigo de la población.
“Lejos de que el Gobierno sea un aliado de todos los ciudadanos y brinde una tutela de seguridad, es nuestro principal enemigo, que duerme a nuestro lado”, agregó.
Juan Carlos Salazar explicó que el trasfondo de todo es que los dos oficiales que trabajaron en el caso León de Troya alertaron de lo que iba a suceder, incluso de la amenaza que existía a la vida del periodista Andersson Boscán y del excandidato Fernando Villavicencio; sin embargo, la misma Policía Nacional decidió sacarlos de la investigación y reemplazarlos por otros, que archivaron el proceso.
“La investigación tomó otro tinte y los dos empiezan a ser perseguidos por el mismo sistema y la delincuencia”, agregó.
El jurista no descarta que las amenazas y los amedrentamientos de los que han sido sujetos el teniente coronel José Luis Erazo y el teniente Rodney Rengel, provengan del Estado, razón por la cual se vieron obligados a visibilizar su denuncia y acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitarle medidas cautelares.
“Ayer el padre del teniente Rengel contaba que 48 horas antes del día de hoy, personas armadas disparaban en su casa, mientras la esposa del teniente Erazo dijo que no quiere ser la próxima viuda”, agregó.
Juan Carlos Salazar reprochó la respuesta de la fiscalía que en lugar de reabrir el caso León de Troya, se ha dedicado a perseguir a los dos uniformados, a quienes se les ha allanado sus domicilios y se les ha decomisado sus celulares y computadores, aduciendo que divulgaron información reservada.
“Pero fueron los oficiales los depositarios de la información, ellos generaron la instrumentación correcta para desarticular la estructura delincuencial, alertaron de lo que podía suceder y ahora son investigados. No es lógico”, detalló.
Si bien Salazar, reconoció que uno de los policías se encuentra en el sistema de protección de víctimas y testigos, también aclaró que el respaldo policial no es satisfactorio y por eso se busca que la CIDH conmine al Estado a que se genere una plataforma necesaria para que se les otorgue seguridad
En este contexto, lamentó que los medios de comunicación de alcance nacional como Teleamazonas o Ecuavisa no hayan cubierto estás denuncias que son de interés nacional y permiten visibilizar el peligro en el que están las dos familias de los oficiales de la Policía.
“Es lesivo para la opinión pública. Cada uno responderá a sus intereses, pero sí afecta al derecho a la participación de los ciudadanos”, remarcó.