En rueda de prensa, Pabel Muñoz se presentó junto a pequeños y medianos vendedores, que participan de ferias inclusivas, y rechazó medida planteada por juez de Manabí.
Este viernes 26 de enero del 2024, Pabel Muñoz rechazó que un juez de Portoviejo impida a Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Latacunga y más que en sus procesos de compra pública incluyan a organizaciones de la economía popular y solidaria. Sostuvo que hay un abuso del derecho de manera constante en Ecuador.
En el caso más reciente, un juez determinó que es impertinente que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) hagan compras públicas a través de la figura de ferias inclusivas. Las compras públicas pueden mover, dijo el alcalde Pabel Muñoz, 10 mil millones de dólares en el nivel central. En el caso de la capital, más de 170 millones de dólares, se invirtieron en ese sistema.
Para el Alcalde de Quito, a las organizaciones de la economía popular y solidaria hay que verlas como un motor de desarrollo. Pabel Muñoz recordó que estas organizaciones tienen un principio de asociatividad y de cooperativismo. Hizo un llamado a la Corte Constitucional para que actúe de oficio.
En el Municipio, señaló Pabel Muñoz, la ordenanza dispone que el 10% de la totalidad de compras públicas sea a proveedores de las organizaciones de la economía popular y solidaria, a través de ferias inclusivas. USD 32 millones están en juego por la medida cautelar que impide a los actores de la economía popular y solidaria acceder a las compras públicas.
Por eso rechazó las medidas cautelares que pesan sobre las ferias inclusivas del Distrito Metropolitano de Quito. Le preocupa que más de 6 000 fuentes de empleo directa sean afectadas por la medida cautelar.
«La preocupación de los entes de control y de la justicia debería ser cómo (los municipios) compramos más. Es una barbaridad que en todo el sistema de contratación pública queden eliminadas las figuras que están en representación de las economías populares y solidarias».
Para Pabel Muñoz, alcalde de Quito, con la medida cautelar, el Gobierno Nacional terminaría direccionando sus compras a grandes proveedores. «Unos pocos quieren caotizar el sistema de contratación pública, empiezan a interponer acciones de protección para que municipios no podamos comprar a organizaciones de la economía popular y solidaria, que venden más barato».
Paulana Quisaguano precisó que hay 17 mil asociaciones de la economía popular y solidaria, el 70% de sus miembros es ama de casa y jefa de hogar. «Esta medida dejaría sin trabajo a muchísima gente, estamos muy preocupados, agradecemos respaldo de la Alcaldía», manifestó.