Un fallo judicial ordena al Ministerio de Economía que transfiera al SNAI los recursos para que se reestablezca el servicio de alimentación y medicinas a los privados de la libertad.
Punto Noticias.- Amnistía Internacional en las Américas hizo un llamado a las autoridades penitenciarias por la suspensión en la provisión de alimento y medicación de las personas privadas de la libertad (PPL), en las cárceles de Esmeraldas, Manabí, Guayas y Cotopaxi, en Ecuador.
A través de un comunicado, el movimiento global de más de 10 millones de personas que lucha por los derechos humanos, indicó que desde el pasado 24 de abril, las autoridades penitenciarias suspendieron el servicio de comida y medicación de los internos, dejando a los privados de la libertad sin alimentación y a los familiares tratando de suplir las necesidades.
A los familiares, incluso, les dieron una lista de la medicación que tenían que comprar para los presos, ante la falta de suministros. Ese mismo día, las familias de las personas recluidas celebraron una protesta pacífica, para exigir información sobre el bienestar de sus privados de la libertad. Hasta una coalición de organizaciones de derechos humanos de Ecuador pidió medidas cautelares para proteger los derechos de los internos.
El pasado 2 de mayo, un juez ordenó al Ministerio de Economía que, en el plazo de 15 días, transfiera al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) los fondos necesarios para restaurar el suministro de comida.
El fallo, además, instó al SNAI que en el plazo de tres meses lleve a cabo un proceso público de adquisición para contratar a un proveedor que garantice el suministro permanente y continuo de comida en las prisiones, así como que tome medidas provisionales para garantizar que las personas recluidas tengan acceso a comida a través de donativos.
El juez dispuso a la Defensoría del Pueblo que supervise el cumplimiento de las medidas y presente informes mensuales.
Asimismo, recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que la administración penitenciaria debe proporcionar a todas las personas recluidas comida de valor nutricional y acceso a agua potable, así como que la prestación de servicios médicos es una responsabilidad del Estado.
Por otro lado, Amnistía Internacional señaló que las familias de las personas recluidas y organizaciones benéficas se han visto obligadas a suministrar a sus expensas comida y medicación, por lo que pidió al SNAI que coordine con el Ministerio de Economía, para que se cumpla de inmediato con la sentencia judicial.
La preocupación se centra, en especial, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y Cotopaxi, en donde los privados de la libertad están en riesgo al padecer hambre y otros problemas de salud.
La organización espera que -de inmediato- el Ministerio de Economía transfiera a las autoridades penitenciarias los fondos necesarios para restaurar el suministro de comida y medicinas.
Dijo que el derecho y las normas internacionales de derechos humanos disponen claramente que los Estados deben garantizar la provisión de comida y medicación a las personas bajo su custodia.
En este contexto, Amnistía Internacional reiteró al SNAI que cumpla con la sentencia judicial y respete el derecho a la alimentación, la salud y la integridad física de todas las personas privadas de libertad en Ecuador.
#Ecuador 🇪🇨 : Las personas privadas de la libertad continúan en riesgo.
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— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) May 7, 2024