Punto Noticias.- La Asamblea Nacional destituyó, este jueves 7 de febrero, a la legisladora Ana Galarza, de CREO, por haber incurrido en la prohibición de gestionar nombramientos de cargos públicos, como dispone el artículo 163, numeral 3 de la Ley de la Función Legislativa.
Galarza Añasco pierde así su calidad de asambleísta, por la provincia de Tungurahua, al igual que sucedió con Norma Vallejo, quien fue legisladora por Alianza PAIS.
La propuesta de resolución, planteada por el legislador Ronny Aleaga, acusador de Galarza, fue aprobada con 91 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, de los bloques de Alianza PAIS, Revolución Ciudadana (correístas), Partido Social Cristiano (PSC), SUMA y algunos del Bloque de Integración Nacional (BIN).
Para que el Pleno vote sobre esta resolución de destitución de Galarza, de manera previa negó la propuesta del legislador Raúl Tello, quien presidió la comisión multipartidista que tramitó las denuncias contra la asambleísta de CREO, que planteaba una sanción administrativa contra Galarza.
Tello, en su exposición se convirtió en un apasionado defensor de Galarza, a quien liberó de toda culpa e incluso advirtió que si la Asamblea destituye a esta parlamentaria, con un informe que no sea el de mayorías, se habrá arrogado funciones.
Ana Galarza, en su defensa, aseguró que no cometió ninguna de las irregularidades de las que la acusan, menos gestión de cargo público. En definitiva, que no hay causales para que la legislatura la destituya.
No cumplió con su palabra de entregar los nombres de los funcionarios cercanos al gobierno de Moreno, que, dijo, estarían detrás de su destitución; ni los nombres de los periodistas, medios y legisladores que fueron comprados por este personaje, como denunció.
Para el asambleísta Fabricio Villamar, compañero de bancada de Galarza, la destitución es ilegal, pero sobre todo injusta.
A más de destituir a Galarza, el Pleno parlamentario aprobó remitir la resolución y el expediente del proceso sustanciado por la comisión multipartidista a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, por haberse identificado elementos que podrían constituir inconductas tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, que involucraría no solo a la asambleísta Ana Mercedes Galarza sino también a su esposo Juan Francisco Sevilla y los señores Omar Mayorga y Carmen Alvarado y elementos que configurarían responsabilidades de carácter administrativo y civil.