Previo a la consulta popular del 2011, el sistema judicial era caótico, recordó Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, quien lamentó que ciertos sectores hayan vuelto político un tema que es técnico.
“Algunas personas dan a entender que (la Judicatura) fue la idea antojada de alguien, pero aquí hay un proceso del pueblo ecuatoriano que quería mejorar el sistema de justicia”, añadió el funcionario a la vez que recordó que antes del 2011 los trámites excedían los cinco años y no existían procesos disciplinarios contra jueces que dejaban represados los casos.
Arbito explicó que a partir del 2008 el sistema de justicia pasa a ser la Función Judicial que está constituida por sistema de cortes, órganos autónomos donde está la Fiscalía y Defensoría Pública, órganos auxiliares que tienen que ver con el sistema notarial y un órgano de gobierno donde se encuentra la Judicatura y cuyo rol es de control disciplinario y vigilancia.
“Y en el 2017 el Código Orgánico de la Función Judicial desarrolla las funciones de cada uno de esos entes y ahí se habla de las sanciones que puede emitir el Consejo de la Judicatura”, puntualizó el vocal quien detalló que el artículo 107 de esa normativa habla de sanciones leves como multas o amonestaciones escritas, el 108 son sanciones medianas que tratan de la suspensión de cargo sin remuneración y el 109 que son faltas graves y provocan la destitución del juez.
“Existen 12 casos de amonestaciones en lo que va del 2017 y las sanciones van por moras en despachos, no es que se sanciona a la mayoría, ni que cada día se mandan jueces”, afirmó.
Respecto al error inexcusable que se indica en la ley, Arbito remarcó que no es un tema subjetivo donde la Judicatura interpreta el criterio del juez sino que se sanciona a la actuación del funcionario cuando es contraria a la norma expresa.
De ahí que instó a que los exjueces que denuncian supuesta presión deben presentar pruebas a las acusaciones que realizan, lo cual hasta hoy no lo han hecho, según Arbito.