Dentro de un marco de secretismo, el líder mapuche Facundo Jones Huala ha sido extraditado desde la Argentina a Chile. Un pedido que llevaba algunos años y que las distintas instancias judiciales habían impedido, se dio de un momento para el otro, violando la voluntad del detenido y de su comunidad.
En helicóptero se lo trasladó desde el penal nº4 de Esquel al aeropuerto desde donde se dirigió a la capital chilena custodiado por efectivos de la Policía Federal que viajaron especialmente para formar parte del operativo.
La autoridad espiritual y comunitaria que ejerce Jones Huala, se veía mermada por su detención desde hacía 13 meses en el penal antes mencionado. Las exigencias para su liberación, e incluso para su prisión domiciliaria derivaron en actos brutales de represión, como el que le costó la vida a Santiago Maldonado el 1 de agosto del año pasado.
No fue, entonces, la justicia chilena la que vino a buscar a Jones Huala, como suele ocurrir en los casos de extradición, sino que es el Estado argentino el que se desembaraza del lonko y lo envía al país vecino, ya que el presidente Mauricio Macri se muestra decidido a impedir que sea juzgado en la Argentina, como había solicitado su defensa.
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición, pese a que una comisión de Naciones Unidas solicitara al gobierno que suspendiera este proceso, hasta que se pudiera revisar un planteo de la defensa de Jones Huala, que denuncia arbitrariedades judiciales.
La justicia respondió al requerimiento de la ONU, por escrito, pero también acelerando el proceso de extradición del mapuche acusado de provocar un incendio en 2013 y de tenencia de “armas de guerra” de fabricación artesanal. El incendio por el que se lo acusa, ya tuvo su juicio oral, por el que sobreseyeron a todos los originarios que acompañaban a Jones Huala.