Aunque se alegra de que la Corte Constitucional fallara a favor de los trabajadores, al restituirles el pago de las utilidades en el 100% y dictaminó que el Estado vuelva a aportar con el 40% al Fondo de Jubilaciones del IESS, la asambleísta Cristina Reyes critica a los jueces constitucionales por su tardanza en resolver las demandas sobre estos temas.
La legisladora socialcristiana considera que la vigencia de la Ley de Justicia laboral, desde el año 2015, que estableció un techo para el pago de utilidades y eliminó el aporte del Estado al IESS, perjudicó a mil 6000 familias y a los jubilados, en alrededor de mil millones de dólares anuales.
Mientras, para la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Liliana Durán, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, es incomprensible la decisión de los jueces de la CC, porque fue este mismo organismo que dictaminó que era legal la fijación del techo a las utilidades y la eliminación del aporte del Estado al Fondo de Jubilaciones.
Para la parlamentaria Reyes es el Estado, no los trabajadores, el que debe financiar el pago de las pensiones jubilares para las trabajadoras no remuneradas del hogar, que estaba siendo sostenido con los excedentes de las utilidades que no se pagaron a los empleados.
La legisladora Durán considera que es necesario que la Asamblea Nacional apruebe un proyecto de reformas que recoja el dictamen de la Corte Constitucional.