Jorge Acaiturri también aclaró que la Asamblea solo puede analizar la posibilidad de una licencia por maternidad, si la propia fiscal Diana Salazar lo pide.
Jorge Acaiturri, asambleísta e integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), informó que el 6 de mayo de 2024, la Asamblea Nacional conoció del embarazo de la fiscal Diana Salazar y sobre un certificado donde se alertaba que su estado de gestación es de alto riesgo con doble vulnerabilidad.
Acaiturri detalló que conocido el tema, se hicieron dos consultas a la Procuraduría General del Estado.
- ¿Se puede suspender la interpelación de un juicio político, si la interpelada ha sido diagnosticada con embarazo de alto riesgo?
- ¿Se puede suspender la sustanciación de juicio político en caso de enfermedad catastrófica?
En ambas preguntas, la Procuraduría respondió que, si los casos son debidamente certificados y justificados, se puede suspender la sustanciación del juicio político, hasta que la motivación sea superada.
“Esto marca un precedente para garantizar los derechos establecidos en la Constitución y en derecho internacional”, destacó en entrevista a FM Mundo.
Cuestionamientos
Al ser cuestionados de otros casos donde mujeres embarazadas han tenido que soportar la interpelación en juicios penales, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri, enfatizó que la actual Asamblea no puede responsabilizarse de decisiones del pasado con otras instituciones.
Y es que, en redes sociales hubo quienes se refirieron a casos como el de Pamela Aguirre, Viviana Bonilla, Sofía Almeida o Linda Guamán, que en estado de gestación, han tenido que enfrentar juicios y llamamientos a audiencias e incluso dejar la lactancia materna para responder a acusaciones penales.
“No tenemos por qué responsabilizarnos de acciones de periodos anteriores. Nosotros nos responsabilizamos de nuestras acciones y queremos que se siente un precedente”, acotó.
Respecto a la presión que recibe la fiscal Diana Salazar en los juicios penales que lleva adelante y que la someterían a más estrés, Jorge Acaiturri manifestó que es la funcionaria la que debería solicitar licencia con base a las recomendaciones de su ginecólogo, médico de cabecera y familia.
“Nosotros nos basamos en nuestras competencias que son temas administrativos, en este caso el juicio político. No podemos imponer una licencia”, puntualizó.
Acaiturri reiteró que la Asamblea podría analizar la posibilidad de una licencia, si Diana Salazar la pide.