Los operadores de justicia quieren evitar trabas y que se brinde protección policial inmediata cuando los jueces, sobre todo, penales lo requieran.
Punto Noticias.- La crisis de seguridad de la Función Judicial motivó a que la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) reaccionara y proponga soluciones.
Los jueces señalaron que no solo emiten sentencias, sino que exponen sus vidas, sobre todo, quienes laboran en el área Penal, debido a que las Unidades Judiciales son inseguras.
En un comunicado, reclamaron que apenas los magistrados presentan el formulario de seguridad individual, esa solicitud debe ser atendida con la mayor brevedad posible, con el fin de contar con el dispositivo de seguridad temporal hasta que se finalice el análisis de riesgo personal de parte de la Policía Nacional.
Con este antecedente, los servidores judiciales se mostraron abiertos a dar una solución al problema y a proponen implementar anillos de seguridad en el perímetro de las Unidades Judiciales cuando se tramiten casos relacionados con el crimen organizado. Esto incluye una restricción en la circulación vehicular.
Otra de las propuestas es crear un circuito de video para vigilar las Unidades Judiciales con conexión directa del ECU 9-1-1.
Además, solicitan contar con el informe de perfil y análisis de riesgos en un plazo máximo de 24 horas, así como tener el resguardo policial en las Unidades Judiciales con la obligatoriedad que los policías revisen y registren a los usuarios.
La implementación de detectores de metales y tecnologías para identificar artefactos explosivos, así como tener puertas de entrada y salida distintas a las de los usuarios y funcionarios es parte de los planteamientos.
A esto se suma la capacitación a los jueces penales sobre situaciones de riesgos, así como que los turnos de flagrancia en la madrugada (00h00 – 08h00) se realicen de manera telemática.
Los jueces también pidieron tratamiento psicológico para garantizar la salud mental de los funcionarios, en especial, de los jueces que tramitan delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, sicaritos, delitos sexuales y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
“El hecho de ser juez y emitir decisiones que afecten a miembros de grupos delincuenciales, no puede ser una justificación para que nos quiten la vida. En la actualidad, no existen condiciones mínimas de seguridad para el sistema de justicia”, señala el escrito.
La AEMAJ reiteró su compromiso con la defensa de la independencia judicial, pero precisó que su lucha deber ser acompañada por las instituciones que son las encargadas de la seguridad de los ciudadanos.
En este contexto, los jueces exhortaron al Consejo de la Judicatura, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a que tomen acciones para que el trabajo que realizan no se vea afectado con amenazas de bandas delincuenciales.
El pasado 21 de septiembre, el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, se reunió con representantes del Gobierno para encontrar mecanismos para dotar de seguridad a los servidores judiciales, especialmente, en materia Penal.
La cita se dio luego del asesinato de un fiscal, el atentado contra un juez y las amenazas a otro fiscal.