Si al Plan Fénix le va bien ¿por qué no hay rendición de cuentas y se transparenta la política pública en materia de seguridad?, cuestionó la especialista.
Carla Álvarez, investigadora, docente universitaria y especialista en seguridad, señaló que pese a la presencia masiva de militares en las calles, por los tres estados de excepción que se han decretado en los cinco meses de Gobierno de Daniel Noboa, aún no se ve un plan de seguridad nacional integral.
“El Plan Fénix brilla por la ausencia, todos hablan de él, pero nadie lo ha visto ni conoce sus objetivos, es un gran fantasma y ausente de la política”, agregó.
A criterio de Álvarez el Estado no tiene lineamientos concretos de hacia dónde va la institucionalidad, porque tampoco hay un norte claro de hacia donde va el país.
“Seguimos jugando con la construcción y destrucción de instituciones. Destruyen la Secretaría de Seguridad, pero van a crear un Comité de Crisis”, cuestionó.
La especialista Carla Álvarez indicó que la respuesta del Gobierno a la violencia e inseguridad ha sido únicamente coyuntural, pero no pensada desde la política pública a largo plazo.
“Se afianza la mano dura y ese ha sido su éxito mediático, pero no hay fundamento sustantivo para las acciones que se toman”, remarcó.
Esta coyuntura ha provocado un incumplimiento en las ofertas de campaña de Daniel Noboa, dijo Álvarez, al referirse a las cárceles barcazas. A esto se suma la autocensura de parte del Gobierno pues no hay información de la política pública que se está aplicando.
“Si al Plan Fénix le va bien ¿por qué no hay rendición de cuentas? Se incumple con la lógica de política pública que tiene que ser transparente e íntegra”, insistió.
En todo caso, Carla Álvarez indicó que, en lo positivo de la actual administración es que, hay un control de las cárceles, así como también existe un retorno al fortalecimiento de la cooperación internacional, sobre todo con Estados Unidos (EEUU) para luchar contra la criminalidad.
Asimismo, la especialista citó las cifras del Gobierno que hablan de una reducción de la violencia en un 60%, aunque no ocurre lo mismo con la criminalidad ya que aún se ejecutan actividades ilegales. Esto último se evidencia con la presencia de la minería ilegal y el uso de territorio ecuatoriano para el paso de la droga al exterior.
“También tenemos un claro aumento del tráfico de armas y tampoco hay una reducción de lavado de dinero”, mencionó.
Álvarez sostuvo que aún cuando los asesinatos y los homicidios se redujeron, hay otros delitos que han ido en aumento como las extorsiones y secuestros.