Punto Noticias.- Evelin Vinueza contó que su hermano estuvo internado en un centro de adicciones. Él fue agredido brutalmente. El caso se investiga y ha sido denunciado en instancias judiciales.
Cayetana Salao, por su parte, es activista e integrante del Taller de Comunicación Mujer (TCM). El TCM es una organización que da seguimiento a los casos de «deshomosexualización» que se han presentado en estos centros. Es decir, aquellos que ofrecen «curar» la homosexualidad.
En el primer caso, la entrevistada contó que el centro donde se internó a su hermano ofrecía tratamiento sicológico, alimentos, hospedaje. Todo a cambio de una pensión de USD 500 dólares mensuales. El proceso rehabilitación era de dos meses de internamiento sin ver a la familia.
Vinueza dijo que si bien, ese era el tratamiento ofrecido, la familia también le alcanzaba víveres, artículos de aseo, entre otros. Se entregaba eso al guardia. «Pero, después nos enteramos, (que el guardia) era por decir así El Caporal. El más antiguo del centro». Es decir, el hermano no recibía nada de lo enviado por la familia.
Un mes y medio después, Evelin Vinueza recibió una llamada telefónica, diciendo que a su hermano le estaban pegando. «Resulta que hubo una fuga de los internos por los maltratos y cosas que pasaban ahí».
El centro es evangélico y tiene un Pastor. En la captura, él grita que el hermano era un ladrón. La paliza fue tal que el familiar tiene una fractura del brazo y moretones en el cuerpo, contó Vinueza. Luego, al conversar con el hermano, ella supo que hubo una serie de violaciones a los derechos humanos en dicho lugar. «Los directivos, inclusive, se dedicaban a un tema de mendicidad. Se trataba de las bendiciones. Ellos iban a mendigar comida, de las sobras de los mercados, para dar de comer a los pacientes». Vinueza interpeló, entonces, qué hacían los del centro con el dinero que recibían.
Carlos Soria, el abogado que lleva el caso, dijo que se procedió con la denuncia a la autoridad competente: el Acess (Ministerio de Salud). «Se hizo el allanamiento y se produjo con la clausura de este centro. Mal llamado centro porque en realidad era un centro de tortura». Además, el abogado indicó que se han presentado dos tipos de acciones judiciales: uno, querella por las lesiones recibidas (el hermano); y, dos, la denuncia pública.
El abogado narró algunos hechos. Cuando un paciente atravesaba por un período de abstinencia, este era sujetado por las piernas y era metido en una piscina boca abajo. Este relato es con base al testimonio del hermano de Vinueza. «Otro era inmovilizarlos. Les ponían una toalla alrededor de su cabeza y les botaban agua con detergente para ahogarlos».
DESHOMOSEXUALIZACIÓN
Salao, por su parte, indicó que el 08 de marzo pasado el TCM interpuso una acción de acceso a la información. La finalidad es indagar las acciones estatales sobre los casos de violencia contra las mujeres y LGBTI. En particular, de las personas internadas involuntariamente.
Justamente, hay centros de adicciones que afirman «curar» la homosexualidad en Ecuador. Existen casos donde, personas LGBTI, han sido internados para recibir «terapias» de re-orientación sexual.
El asunto de torturas y las intenciones de modificar la identidad de género ha sido una práctica tolerada por el Estado, explicó Salao. La sociedad civil ha exigido al Estado que pueda regular de mejor manera a estos centros de adicciones. «Entre los años 2012 y 2015, el Ministerio de Salud realizó los mayores esfuerzos (en relación al tema)».
La entrevistada señaló que conocen que se han producido situaciones de regulación y control, rescate de personas vulneradas y judicialización de algunos casos. Entonces, «hemos solicitado información al Estado para saber qué ha pasado en los casos donde se ha constatado la vulneración de estos derechos». Es así que, prosiguió, al no tener una respuesta concreta y específica se interpuso una acción de orden constitucional. «Esto para que sean las instancias constitucionales que le ordenen al Estado que nos entreguen esa información que es pública».
El Estado ha declarado ante instancias internacionales que ha actuado, pero a la sociedad civil no le entrega información. Nosotras no hemos podido constatar, realmente, que se haya sancionado penalmente a algunos de los responsables o titulares de estos centros. O que se haya reparado en algo los derechos de estas víctimas.
ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA