La Fiscalía acusa a 15 personas de presunto peculado registrado en 2008 por la compra de siete helicópteros.
Punto Noticias.- Por ser adultos mayores, los abogados de los ministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, así como del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Rodrigo Bohórquez, solicitaron al juez Luis Rivera que no dé paso a la prisión preventiva solicitada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en el marco de la audiencia de formulación de cargos en el caso de los helicópteros Dhruv.
Ernesto Albán R., abogado de Sandoval, aclaró que su cliente dejó de ser ministro de Defensa el 14 de abril del 2008 y que el tema de los helicópteros fue tratado por la Junta de Defensa el mes de mayo y la firma del contrato se dio en agosto de ese año.
Dijo que Sandoval es cardiólogo de profesión, de 82 años, y que solo por su edad no debería proceder una prisión preventiva.
El abogado indicó que su cliente no ha salido del país y que no tiene poder político porque está alejado de las instancias públicas hace 13 años. Con ello insistió en que la Fiscalía no prueba nada en contra de su defendido.
“Nos espeluzna que se quiera meter preso a un ministro defensa de 82 años que no ha salido del país, es un cardiólogo de profesión y eso debe ser valorado”, expresó.
Albán se refirió -además- a los arraigos presentados como certificados de matrimonio, de jubilación, entre otros.
Por tal razón se opuso a que se dicten medidas cautelares reales que se han solicitado en la audiencia por un supuesto perjuicio al Estado de más de USD 63 millones que corresponderían a la compra de los helicópteros.
Para la Fiscalía, Sandoval aprobó la declaratoria de emergencia que motivó la compra de los helicópteros.
Con respecto a Ponce, el abogado Jorge Huilcapi señaló que es imposible confirmar el delito de peculado por su naturaleza legal, más aún cuando existen informes de Contraloría que señalarían lo contrario.
Sostuvo que su cliente es de profesión poeta, de 73 años y con un mérito intelectual incuestionable, por lo que se opuso a la petición de prisión preventiva de la Fiscalía.
La defensa de Bohórquez también señaló que su cliente es un adulto mayor, al tener 65 años, y como elementos de arraigo presentó certificados hasta de que está a cargo de su esposa que tiene un tipo de discapacidad psicosocial del 64%.
Acotó que es un riesgo que un adulto mayor bajo este contexto vaya a la cárcel, en donde hay una crisis luego de una masacre.
“Sería una pena de muerte, no quiero ser grosero, pero no lo digo yo, sino lo dice precisamente el juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila Santamaría”, puntualizó.
El abogado reiteró que su defendido no participó en la parte precontractual y contractual que son las fases en las que se configuran los nuevos rectores del peculado.
Finalmente, mencionó que, si se decide acoger las medidas cautelares de la Fiscalía, se otorgue el arresto domiciliario.
Posteriormente, los abogados de Carlos Morales, quien se desempeñó como director ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, y del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonardo Barreiro, también consideraron que el pedido de prisión preventiva no procede.
En el primer caso, el abogado expuso que la Junta de Defensa no lo maneja una sola persona, sino 13 y que él no hizo las bases del proceso contractual a su antojo para favorecer a una empresa.
Mientras, la defensa de Barreiro se opuso a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y destacó la labor de su cliente como piloto de combate, así como que es un adulto mayor.
El juez Rivera otorgó un receso a la audiencia de formulación de cargos para volver a instalarla pasadas las 15:00. Hora en la cual continuarán con sus intervenciones los abogados de los otros 10 procesados.
Fuente: Corte Nacional de Justicia