En este caso se evacúan todo este tipo de acciones, pero aún está pendiente si los procesados van a juicio o no.
Punto Noticias.- El conjuez nacional Javier de la Cadena negó el pedido de revisión de medidas cautelares efectuado por el procesado Jorge Mejía, brigadier general en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quien habría actuado como integrante del Comité de Contrataciones.
De la Cadena acogió los argumentos de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien en julio de este año acusó a Mejía y a 17 personas más de presunto peculado en el caso Helicópteros Dhruv.
Para la Fiscalía, Mejía junto a los otros procesados sería responsable de haber participado en la contratación para la compra de las aeronaves. Proceso que para la entidad habría estado viciado desde su fase precontractual, por lo que el perjuicio sería de USD 66’406.293,74, al no cumplir con varias especificaciones técnicas.
Se investigan en esta causa presuntas irregularidades y disposiciones arbitrarias en el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato suscrito el 5 de agosto de 2008 para la compra de siete helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL). La indagación fue reabierta en diciembre de 2020, luego que fue archivada en 2016 por solicitud del exfiscal general Galo Chiriboga.
En este caso son procesados en calidad de autores los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, así como el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez, y el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonardo Barreiro.
En octubre de 2021, cuando este caso se retomaba con la audiencia de formulación de cargos, Salazar solicitó prisión preventiva para quienes -a su criterio- participaron en la contratación. Incluso solicitó que, como parte de las medidas cautelares, se haga la retención de las cuentas de ahorros de los procesados por un valor de USD 4’200.610 a cada uno, en el caso de una eventual reparación integral y multa, así como se ordene la prohibición de enajenar bienes y se les impida salir del país.
Seis meses después, el juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera -a cargo del caso- revisó un pedido de suspensión de medidas cautelares interpuesto por la defensa de Mejía, quien tenía presentación periódica y prohibición de salida del país.
La defensa del oficial en servicio pasivo solicitó se suspendan las medidas definidas en el caso por un tiempo no mayor a siete días, tiempo que se dijo era suficiente para que Mejía pueda regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Según los solicitantes, el general tiene la condición de residente permanente en ese país y si no ingresaba en territorio estadounidense perdería ese estatus.
En aquella ocasión, Salazar, se opuso a la suspensión de las medidas cautelares, no solo indicando que la situación jurídica del oficial no ha variado, sino que más bien se ha agravado. Y consideró que se busca evadir a la justicia.
Esto motivó a que el juez Rivera negara la petición al considerar que no se afecta el proyecto de vida de Mejía y en esta ocasión el conjuez De la Cadena tampoco dio paso a la revisión de las medidas cautelares.