El juez recordó la presunta participación y vinculación de Sofía G. Neycer M., Álex P. y María José A. con la red de delincuencia organizada, liderada por Leandro Norero.
Punto Noticias.- El juez nacional Felipe Córdova negó el cambio de la prisión preventiva para Sofía G., Neycer M., Álex P. y María José A., quienes son procesados junto con 35 personas más en el Caso Metástasis por presunta delincuencia organizada.
Ayer, el juez Córdova escuchó a las partes, suspendió la audiencia para deliberar y hoy resolvió no cambiar la prisión preventiva debido a que, en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó -en su momento- los elementos de convicción.
Dijo que el elemento de convicción se da sobre la base de presunciones y que las defensas no han logrado establecer nuevos hechos que cambien el escenario procesal.
En este sentido, señaló que no justificaron el cambio de medida cautelar y más bien recordó el presunto grado de participación de cada uno.
Presunta participación en el delito
Según la Fiscalía, Sofía G. habría facilitado presuntos sobornos a jueces de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Los recursos habrían sido depositados en su cuenta personal, pues existiría un comprobante por USD 6 000 del Banco del Pichincha.
Se presume que la acción habría sido ordenada por el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en octubre del 2022. Norero habría implementado una red para a través de sus abogados llegar a jueces, fiscales, policías y otras personas, con el fin de beneficiarse de un habeas corpus, ya que era procesado por lavado de activos.
Córdova dijo que existe otro elemento de convicción por USD 8 000 que sería parte de la colaboración con la también procesada Mayra Salazar, pareja de Leandro Norero.
En relación al teniente coronel de la Policía Nacional, Neycer M., el juez de la causa mencionó que para la Fiscalía sería la persona que filtró información de la institución policial a la estructura liderada por Norero
Incluso, habría planificado la custodia de uno de los inmuebles de propiedad del narcotraficante.
Expuso que el procesado habría recibido USD 10 000. Dinero que debió ser repartido entre el personal policial. Sin embargo, su defensa negó que su cliente haya recibido dinero.
Sobre Álex P., quien laboraba en la Corte Nacional de Justicia, Córdova mencionó que planificó la presentación del habeas corpus para que caiga en la Unidad de Familia, justo cuando estaban en vacancia judicial.
El magistrado comentó que existirían mensajes de Álex P. con Helive A., en los que, aparentemente, el primero le habría dicho que hay tres jueces de la Corte que deben tratar el tema de habeas corpus de Norero.
Helive A. es conocido con el alias de Estimado y habría sido el encargado de direccionar y planificar sobornos a funcionarios judiciales de la Corte Nacional de Justicia.
Incluso, se menciona del pago de USD 450 000 “abdominales” que en la jerga de los grupos de delincuencia organizada serían dólares.
Para la Fiscalía, este accionar podría recaer en un cohecho por recibir dinero a cambio de un fallo.
También en la diligencia, el juez habló de que existe una fotografía en la que está alias Estimado en la oficina del entonces juez nacional Wilman Terán. A su vez, dejó en claro que Álex P., se desempeñaba como subcoordinador jurídico de la Corte Nacional y era cercano a Terán.
Sobre la fiscal María José A., el juez hizo alusión a lo expuesto en su momento por la Fiscalía.
Dijo que María José A. habría reformulado cargos para favorecer a Norero. La funcionaria habría cambiado el presunto delito de tráfico ilícito de armas por el de tenencia de armas y que para eso se comunicó con Xavier Novillo, alias Novita. El objetivo dijo es que se extienda una boleta de excarcelación. Por esta acción se habría entregado una cadena Cartier.
De la fiscal, también, se dijo que habría pedido la prisión preventiva de los funcionarios de Inmobiliar que entraron a la casa de Norero. El propósito era que cuando estén detenidos se atente contra ellos.
Bajo el análisis de todos estos elementos, Córdova negó el cambio de medida cautelar, debido a que no hubo nuevos elementos que cambien el escenario procesal de los ahora privados de la libertad.