La defensa de Fabiola Gallardo fue una de las que solicitó al juez que no califique la legalidad de la detención por considerarla ilegal.
Punto Noticias.- El juez nacional Javier de la Cadena analiza si califica o no la legalidad de aprehensiones ejecutadas en contra de 12 personas investigadas en el Caso Purga, por presunta delincuencia organizada.
Lo hizo luego de que pidiera al jefe del operativo policial que informe sobre la detención de los 12 investigados, efectuada la madrugada de este 4 de marzo.
El policía señaló que 11 personas fueron detenidas en la provincia del Guayas y una en Pichincha.
La expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; el exasambleísta Pablo Muentes; la esposa del legislador, Mónica A.; los jueces Johan Gustavo M.; Guillermo V.; Reinaldo C.; Henry T.; Alberto L.; y Nelson Mecías P.; el empresario Fausto A.; y el funcionario de la Judicatura, Saúl M. fueron aprehendidos en Guayas. Solo la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth S. fue detenida en Pichincha.
Añadió que se tenía un informe y pericias que permitieron que el juez de la Cadena ordene la detención de las 12 personas, una vez que estaba de turno.
La intervención del uniformado fue rápida y enseguida el magistrado dio paso a los abogados para que se pronuncien sobre la detención de sus clientes.
Diego Chimbo, abogado del exasambleísta Pablo Muentes no objetó la detención de su defendido. Quien sí lo hizo fue Stalin Raza, abogado de Fabiola Gallardo.
Raza objetó la detención de su cliente por ser ilegal. Dijo que el momento de la aprehensión solicitó acceder a su abogado de confianza en Guayaquil y se le negó ese derecho. Por ello, pidió al juez que no califique la legalidad de la detención.
La defensa de Fausto A., primo de Muentes, también objetó la detención. Su abogado indicó que se vulnera el derecho a tener defensa técnica. Incluso, señaló que en el momento de la audiencia recién le entregaron el parte policial.
De igual manera, el representante legal de Ruth S. y otro abogado pidieron que no se califique la flagrancia de las aprehensiones.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, cuestionó lo expuesto por los abogados y dijo que la detención es legal porque se dio un procedimiento basado en la Constitución y la ley.
Recordó que, por procedimiento, la formulación de cargos en flagrancia tiene que hacerse en 24 horas y que solo se debe constatar que se califique la orden de aprehensión y se dé paso para la formulación de cargos.
Nathaly Cevallos, en representación de la Procuraduría, también pidió al juez que califique la orden de aprehensión.
A las 22:08, el juez de la Cadena se retiró de la sala de audiencias para analizar la documentación que se añadió al expediente en relación a las detenciones y resolver sobre la legalidad de las aprehensiones.