Muentes y Gallardo son vistos como autores por parte de la Fiscalía. Ellos serían parte de una triangulación junto con Mayra Salazar, excolaboradora de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. También la fiscal habló de nexos con alias Fito, líder de Los Choneros.
Punto Noticias.- Tras calificar la legalidad de la detención con fines investigativos, el juez nacional Javier de la Cadena dio paso a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La funcionaria formuló cargos en contra de 12 personas por presunta delincuencia organizada, en el marco del Caso Purga.
Previamente, el magistrado indicó que la detención tiene como fin asegurar la comparecencia de cada uno de los investigados en la audiencia de formulación de cargos. Acción, dijo, que cumple con los parámetros constitucionales y legales.
Enseguida, la fiscal Salazar inició la formulación de cargos. Declaró al exasambleísta Pablo Muentes responsable, en el grado de autor, del presunto delito de delincuencia organizada.
A la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, también la nombró en el grado de autora, al igual que al juez Johan Gustavo M.
Para el empresario Fausto A., que es primo de Muentes, solicitó que sea procesado en el grado de autor. Al igual que a Alberto L. y Guillermo V.
En el caso de la esposa del legislador, Mónica A., pidió que sea procesada como colaboradora, al igual que al resto de procesados.
Si bien ahora son 12 los procesados, la fiscal anunció la futura vinculación de Hugo Manuel González, actual presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que reemplazó a Gallardo el 12 de enero del 2024.
Relación de los procesados con los hechos
La fiscal Salazar comentó que los grupos de delincuencia organizada se han tomado la administración de justicia en el país y han atentado en contra de los intereses de todos los ecuatorianos.
Expresó que se han beneficiado de los recursos como sucedió con el Caso Metástasis, al permitir “la unión de dos armas letales: la corrupción y la delincuencia organizada”.
Con respecto a este nuevo caso, dijo que la corruptela se genera desde la política legislativa y han puesto a su servicio a la administración de justicia y al narcotráfico.
De esta manera, la fiscal Salazar fijó su exposición en la provincia del Guayas, como el epicentro de lo que ella considera la desnaturalización del Derecho.
Empezó su argumentación de la formulación de cargos con Pablo Muentes. De él dijo que fue elegido como asambleísta en el 2021 y estuvo en funciones hasta el 17 de mayo del 2023, cuando Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional. Sin embargo, expuso que eso le permitió ver que Fabiola Gallardo sea electa presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 13 de enero del 2022.
En esa línea, mencionó que Gallardo logró la presidencia de la Corte, gracias al trabajo comunicacional de Mayra Salazar y por esa labor la colaboradora recibió un desembolso mensual de USD 2 500. El sueldo de la asistente en Comunicación habría sido cancelado durante cuatro meses por el exlegislador.
A esto, dijo que una vez posesionado Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura se le otorgó a Mayra Salazar un contrato para que no esté al servicio de la justicia, sino para lo que la necesiten. Ahora Terán es procesado en el Caso Metástasis por presunta delincuencia organizada.
La fiscal manifestó que Muentes también tenía una conexión con el juez Johan Gustavo M. y por ende con Mayra Salazar. La funcionaria habría pasado de depender de Muentes para estar bajo el mando de Gallardo, a quien le habría pedido que asuma el costo del salario.
Según la fiscal Salazar, Mayra Salazar controlaba las decisiones judiciales en la Corte Provincial del Guayas, así como configuraba la supuesta impunidad junto con Muentes y Gallardo.
El Caso Banco del Pacífico y la familia Muentes
La fiscal Salazar dio a conocer que, como parte de la estructura, Pablo Muentes y su esposa se valieron de un habeas data ante notas de crédito por una deuda con el Banco del Pacífico.
De acuerdo con la fiscal, se habría generado un perjuicio económico de cerca de USD 4 000 000 por información, aparentemente, falsa.
La fiscal Salazar precisó que Muentes y su esposa registran la deuda mediante un abuso de habeas data y el que debía recibir el pago termina pagando.
Asimismo, indicó que Pablo Muentes tuvo una conexión con Mercedes Villarreal, a cargo de la Dirección Provincial de Control Disciplinario de Guayas. A la funcionaria, le solicitó el cambio del juez Ulises Torres porque no se sometía a su influencia. A cambio, se habría ubicado al juez Ramos Alberto Lino Tumbaco.
Por otro lado, la Fiscalía dijo que, al menos, 15 días le habría tomado a Mayra Salazar conocer cómo funciona el ingreso de causas.
Otro punto topado por la fiscal Salazar fue el caso de tráfico de tierras en el que está vinculado Muentes y su primo Fausto A., también procesado en el Caso Purga. Dijo que por este tema se ha beneficiado, además, la esposa de Muentes.
En este contexto, aprovechó para hablar de Fausto A., quien habría acudido a la figura de habeas data para apropiarse de varias hectáreas de terreno en el cantón Durán. Por esa actividad obtuvo una propiedad por USD 200 000 que no se justificarían, al tener un negocio en Guayaquil de sánduches.
Otra arista de esta investigación es la presencia de la procesada Ruth S., procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
La fiscal Salazar narró sobre un caso entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito que se tramitó en Guayaquil, cuando la jurisdicción no cabía, por lo que la empresa municipal perdió USD 30 millones. En medio de la controversia estaba un contrato de repavimentación entre estas dos entidades públicas.
La entonces jueza Larissa Ibarra (destituida en febrero del 2023) declaró la acción legal presentada por el Cuerpo de Ingenieros fuera de lugar, pero al ser apelada llegó a conocimiento del Tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en el que estaba Gallardo y se aceptó la demanda. La empresa municipal de Quito perdió recursos.
Por este caso, Ruth S. habría intermediado y por un trabajo realizado, como fue el cambio de piso de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, recibió USD 1 000.
La fiscal Salazar expresó que sobre la situación de la Corte Provincial conocía una exvocal suplente del Consejo de la Judicatura que renunció días atrás. La única que renunció fue la suplente de Fausto Murillo, Elcy Celi.
En este contexto, Diana Salazar puntualizó que “la estructura usa a alfiles”.
Alias Fito y la organización
La fiscal Salazar subrayó que el líder de Los Choneros, alias Fito, encontró en esta organización a sus aliados, con el fin de beneficiarse de acciones legales. Un caso fue cuando Fito fue trasladado desde la Cárcel Regional a La Roca. El hecho se registró el 13 de agosto del 2023.
Enseguida Fito apeló y el juez Rafael Poma resolvió que el líder de Los Choneros no salga de la Regional. Esa decisión fue respaldada por la Sala Penal de la Corte Provincial en la que estaba Gallardo.
De esta manera, se dispuso que Fito regrese a la Regional. Situación que provocó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) apele.
La fiscal dijo que la jueza fue quien buscó un acercamiento con Fito y, además, se refirió a los nexos de Mayra Salazar no solo con Muentes, sino con Daniel Salcedo, procesado en el Caso Metástasis; y el exvocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, procesado en el Caso Independencia Judicial por obstrucción a la justicia.