Centroamérica se ha convertido en la primera área del mundo en adoptar estrategias regionales para afrontar la responsabilidad de proteger y encontrar soluciones a los desplazamientos forzados en la región.
El Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) se presentó en San Pedro Sula, Honduras y además del país anfitrión, fue firmado por Belice, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá.
El MIRPS aborda el tema de la violencia, la inseguridad, pero también los factores socioeconómicos que influyen en la decisión de los migrantes de desplazarse. Pero también aborda el tránsito mismo de las mismas, su protección y la integración en los países de destino.
Un reporte del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, el italiano Filippo Grandi indica que “la violencia ha generado el desplazamiento de miles de personas en sus propios países y ha empujado a muchos a través de fronteras”, por ello destacó que era muy importante que se tomara para el asunto un enfoque regional.
En la región se contabilizaron a mediados de 2017 más de 220 mil solicitantes de asilo y refugiados, lo que equivale a un 1000 % más que hace cinco años. La mayoría buscan refugio en Estados Unidos, México, Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Otros se han tenido que desplazar dentro de sus propios países.
Al aumento de las solicitudes de asilo se responde con una reducción permanente de los casos que son aceptados, conformando un nuevo paradigma de expulsión confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que avala las deportaciones, poniendo como prioridad general la seguridad.
Para Grandi, las personas deportadas requieren una mayor protección al volver a sus países, donde viven situaciones de riesgo mortal. Los casos de mayor recepción de deportados son El Salvador, Guatemala y Honduras.