Punto Noticias.- Ante los roces de los habitantes generados contra la empresa Hanrine que terminaron con un herido y porque, días antes, en otra parroquia desalojaron 6 000 personas, los cahuasqueños organizaron una asamblea comunitaria para declararse en resistencia contra la minería legal e ilegal.
Los habitantes de la parroquia de Imbabura levantaron dos columnas de hormigón alrededor de la calle y pusieron una cadena de metal para controlar la circulación de los vehículos. El presidente de la junta parroquial, Juan Carlos Vásquez manifestó:
“Fue una decisión soberana de la mayoría de los 3 000 habitantes de Cahuasquí”.
Por otra parte, Edwin Carrillo, que maneja la cadena de metal, dijo;
“Pueden cruzar carros y motos de los vecinos o visitantes. Pero no los vehículos de personas vinculadas con cualquier tipo de minería”.
Por otra parte, habitantes de La Merced de Buenos Aires controlan la otra vía de ingreso a la localidad, que se conecta con la carretera Ibarra-San Lorenzo.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado para que se respete solicitud de medidas cautelares del 07 de junio de 2021, por la Unidad Multicompetente del cantón Urcuquí, para que la compañía minera retire su campamento de la vía de acceso a la parroquia.
Atención | La #DefensoríaDelPueblo exhorta a respetar y garantizar los #Derechos de las comunidades de La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí en la provincia de #Imbabura. Más detalles: https://t.co/MsnOZw6Ref pic.twitter.com/twyjtupMY7
— Defensoría del Pueblo de Ecuador (@DEFENSORIAEC) July 31, 2021
Por otra parte, el 27 de julio, trabajadores de la empresa Hanrine atacaron a los habitantes de Buenos Aires con armas cortopunzantes
🔴 #Atención l Comuneros de #BuenosAires, en #Imbabura, denunciaron que trabajadores de la empresa minera #Hanrine fueron presuntamente atacados por agentes policiales, tras un operativo. Vía: @Tegantai. pic.twitter.com/zrsn6XyToV
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) July 28, 2021
La empresa minera Hanrine tiene cinco concesiones en la parroquia de Buenos Aires, con más de 12 000 hectáreas, para realizar exploración inicial. Además de contar con una la acción de protección dictada en una Unidad Judicial de Quito.
El asambleísta de Imbabura, Mario Ruiz, teme que puedan suceder enfrentamientos con graves consecuencias:
“Aquí hay dos sentencias que se están contraponiendo. La una establece que debe precautelar la paz y la seguridad del pueblo de Buenos Aires y de los trabajadores de la minera. Y la otra insta a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas incluso a aplicar el uso progresivo de la fuerza”.
Ruiz anunció que ante esto solicitará a la Asamblea Nacional que convoque a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, para que explique la actuación del juez de Quito.
N.A.
Fuentes: Defensoría del Pueblo/ El Comercio.