El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, interpuso una acción de protección al proceso.
Punto Noticias.- El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, presentó una acción de protección en contra del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que lleva adelante el Consejo de la Judicatura (CJ), desde el pasado 31 de julio, para llenar las vacantes de siete jueces y 14 conjueces.
En su escrito, el representante del gremio de abogados, resaltó que a lo largo del proceso se han evidenciado algunas irregularidades, sobre todo, en la quinta fase con los exámenes de confianza que debían desarrollarse máximo hasta el pasado 23 de octubre.
Enlistó algunos ejemplos de las aparentes irregularidades. Una de ellas, incluso, fue expuesta por la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, Alexandra Vallejo, quien obtuvo una nota de 0/24, pese a presentar la documentación necesaria para avalar sus 23 años de experiencia laboral.
Otra de las irregularidades se habría dado el pasado 5 de septiembre, cuando Wilman Terán, presidente de la Judicatura, junto -ahora- exvocales, extendieron a nueve años los períodos de permanencia en el cargo de siete jueces, quienes estaban nombrados para períodos fijos de tres y seis años.
Según el artículo 182 de la Constitución, los jueces deben permanecer en los cargos por períodos fijos e inamovibles de tres, seis y nueve años, debiendo someterse a evaluaciones y renovaciones cada tres años.
De igual manera, el pasado 18 de noviembre, Talento Humano del CJ comunicó a los postulantes a jueces que pueden optar por una nueva prueba de confianza. Esto debido a que no fueron notificados con los resultados.
La notificación de esta prueba solo fue notificada para 95 postulantes, por lo cual Ocaña señaló que existiría una vulneración de derecho a la igualdad para el resto de aspirantes.
Además, señaló que -el pasado 14 de noviembre- la Fiscalía realizó 31 allanamientos a distintas dependencias del CJ, entre ellas en Cotopaxi e incluyó el domicilio de la Directora Provincial de CJ, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias.
La exfuncionaria habría sido parte del Comité que recalificó los méritos de los postulantes e incrementó 20 puntos a uno de ellos.
Con estos antecedentes, Ocaña solicitó que se otorgue la medida cautelar que suspenda el concurso hasta obtener una resolución final de la presente causa.
Es así que insta a que se conceda la acción de protección por no respetar criterios de igualdad, probidad, oposición, méritos, entre otros, para evitar situaciones que pongan en duda la independencia judicial.