La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres realizó a través de la encuestadora Cifras y Conceptos un sondeo en 2.277 hogares colombianos, en 32 capitales del país preguntando por la forma como los colombianos ven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el papel del Estado a la hora de garantizarlos, si sienten que tienen suficiente información sobre ellos y si creen que es importante que los políticos empiecen a ponerlo en su agenda.
La encuesta contaba con 56 preguntas bien específicas, que superaban el tipo de muestras que efectúa el Ministerio de Salud a través de las Encuestas de Demografía y Salud. La estimación es que la encuesta puede ser representativa hasta de 10 millones de colombianas y colombianos.
Colombia ha tenido fallos de la Corte Constitucional favorables a la interrupción del embarazo y, al mismo tiempo, referendos en los cuales se buscaba penalizar aún más el aborto.
Los resultados de la encuesta muestran que el 65 % de la gente considera que las mujeres tienen que poder abortar en ciertas circunstancias y para el 81 % es la mujer la que decide si quiere tener hijos.
En la interpretación más fina de las opiniones, se puede ver que los niveles socioeconómicos más altos tienen una mirada más tolerante hacia las mujeres que abortan, hecho que incide en que muchas mujeres se vean obligadas a recurrir a abortos clandestinos para no ser señaladas por la sociedad.
En Colombia se calcula que se realizan más de 400 mil abortos al año y de ellos, casi 93 mil terminan con complicaciones que requieren asistencia médica en hospitales.
Para la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres la información insuficiente que reciben las mujeres de los lugares más apartados o que son vulnerables económicamente, explica la diferente percepción y abordaje sobre la interrupción del embarazo. Solo el 35 % de las mujeres de niveles económicos más bajos sabe que existen tres circunstancias en Colombia que permiten el aborto legal.
Otro de los grandes problemas que destaca la organización tiene que ver con la objeción de consciencia que pueden esgrimir médicos y clínicas, lo que obliga a las mujeres a tener que ir a las grandes ciudades de Colombia para poder acceder a un aborto sin riesgos.