Los ciudadanos responsabilizan a la ministra de Gobierno por las lesiones físicas que les provocó la represión policial.
Punto Noticias. Ante la Comisión de Fiscalización, tres ciudadanos, que participaron en las protestas de octubre de 2019, responsabilizaron a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de los daños físicos que les provocó la represión policial.
Los testimonios de estas personas forman parte de la presentación de pruebas de cargo en contra de Romo, en la sustanciación de la solicitud de juicio político auspiciada por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.
Julio Aníbal Flores Ron contó que participó en las protestas del 4 de octubre el año anterior, de manera pacífica, y fue víctima de perdigones que le impactaron cerca del corazón y en la ingle; fue perseguido por el parque El Ejido y sometido a golpes por parte de policías, que le removieron siete piezas dentales, hasta que se desplomó frente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Ron recuerda que fue llevado al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde pasó varias horas, lo atendieron y le dieron de alta, con la recomendación de reposo por tres días, debido a las lesiones. Volvió a la calle el 8 de octubre, encontró un cartón en el parque El Arbolito, pensó que solo disparaban balas de salva, por ello podía protegerse con el cartón, luego, cayó herido en las inmediaciones del parque y fue llevado sin sentido al hospital Eugenio Espejo, donde fue sometido a una esquirlotomía. Quedó con afectaciones diversas, por los golpes que recibió, sobre todo en la cabeza, reclamó.
La comunicadora Nicole Alejandra Villafuerte Lascano rememoró que fue arrestada, junto a un compañero, sin motivo alguno; fueron llevados hasta el Distrito Policial Manuela Sáenz, donde constató la presencia de varios ciudadanos que habían sido agredidos por la Policía. Estuvieron retenidos en un calabozo, sin alimento, sin abrigo, en condiciones deplorables.
Semanas después, la llamaron para que rinda su versión ante la Fiscalía y el proceso no ha concluido. “Vimos cómo se reprimió a los ciudadanos y cómo se fabricaron pruebas para incriminar a las personas que fueron detenidas durante las manifestaciones”, aseguró.
Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán, activista de derechos humanos, aclaró que no participó en ninguna de las manifestaciones en la calle, pero sí fue parte de un cacerolazo que se desarrolló en la avenida Velasco Ibarra, en compañía de sus familiares y vecinos, por donde pasó un contingente policial, uno de cuyos elementos, de forma deliberada, disparó una bomba lacrimógena que impactó en su rostro, por lo cual perdió totalmente su ojo izquierdo, narró.
Relató que fue llevada al hospital Militar para su tratamiento y que, desde el primer momento, fue interrogada, fotografiada y monitoreada. El 29 de octubre de 2019 fue contactada para acudir al despacho de la ministra de Gobierno, quien le preguntó sobre su caso y le dijo que no podía atenderlo de manera personalizada, porque tenía muchas actividades.
Jhajaira dijo que su caso sigue en investigación y que en todo momento se busca la manera de intimidarla, porque le toman fotografías en la casa, en diversos sitios, carros con vidrios polarizados rondan su domicilio, recibe permanentes amenazas, inclusive a su padre le agredieron y, después, le advirtieron que si no se calla tendrá que llorar ante el féretro de su padre.
Luego de escuchar los testimonios, el asambleísta José Serrano propuso que la Comisión remita urgente oficio a la fiscal general, Diana Salazar, a fin de que se brinde a los ciudadanos, Julio Flores, Nicole Villafuerte y Jhajaira Urresta, toda la seguridad necesaria para garantizar y resguardar su integridad física y psicológica, en el marco de protección de víctimas y testigos, moción que Fiscalización aprobó con ocho votos afirmativos.
Fuente: Asamblea Nacional.