Lo hizo en el marco del tratamiento de la Ley de Finanzas Públicas, sobre la cual el contralor aclaró que no puede atribuirle al Ministerio de Finanzas facultades que son propias de Contraloría.
Punto Noticias. La mesa de Régimen Económico del Parlamento Nacional rechazó el recorte presupuestario a las universidades y escuelas politécnicas del país y exigió que el Ministerio de Finanzas restituya los valores que corresponden a la educación superior.
Galo Naranjo, Juan Ponce, Diego Proaño y Marcelo Cevallos, rectores de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), FLACSO sede Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y Universidad de Napo, respectivamente, protestaron porque los derechos fundamentales de la educación y salud han sido violentados por el recorte presupuestario, que estableció el Estado, lo que genera un gran problema a los sectores pobres que no podrán acceder a la educación, advirtieron.
Argumentaron que, si bien el país está en estado de excepción, el marco constitucional establece que el Gobierno puede tomar recursos de diferentes fuentes, excepto de los sectores educación y salud, Apelaron para que este atropello a la educación superior e institutos no se consolide y se respete la autonomía de las universidades, en lo académico, administrativo y financiero.
Con relación al proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas señalaron que es concentrador y genera hiperregulaciones al Ministerio de Finanzas, pretendiendo darle la potestad de establecer las competencias de descentralización del Estado, así como cambiar presupuestos de entidades públicas.
Los asambleístas de esta comisión recibieron nuevos aportes que fundamentaron las inconstitucionalidades que contiene el proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, en materia de seguridad social, gobiernos autónomos descentralizados, competencias de los entes de control, como la Contraloría y Fiscalía, así como las funciones asignadas al Ministerio de Finanzas.
Precisamente, el contralor del Estado (s), Pablo Celi de la Torre, sostuvo que es necesario devolverle la facultad de control previo de contratación pública a la Contraloría. A su entender, en las disposiciones del proyecto se establecen distorsiones en el capítulo de reglas fiscales, medidas preventivas y correctivas, que podrían generar conflictos con las competencias del control público y las competencias con relación a los entes de control.
Estuvo de acuerdo con que en el proyecto se establecen imprecisiones respecto de las responsabilidades del Ministerio de Finanzas, en el campo presupuestario, y de las competencias en el tema sancionatorio de tipo legal. Aclaró que hay un solo ente de control, que es la Contraloría, por tanto, no cabe aludir a organismos de control de cada entidad, lo cual genera confusión de competencias y superposición de instancias.
Alertó sobre la necesidad de precisar el alcance del Ministerio de Finanzas, que está orientado a correctivos presupuestarios, pero cuando se trata de responsabilidades y sanciones, los dos órganos de control son Fiscalía y Contraloría.
Manuel Fernández y Hernán Tenesaca, del Movimiento Nacional de Pensionistas, reclamaron que el proyecto no guarda relación con el mandato constitucional, al plantear que la seguridad social forme parte del sector no financiero, violentando su autonomía administrativa y financiera. Rechazaron que el proyecto sea tratado como urgente, porque nada tiene que ver con la situación de emergencia sanitaria. Lo que se quiere es otorgar mayores atribuciones al Ministerio de Finanzas, para que pueda usar los fondos del IESS, ISSFA e ISSPOL, en su opinión.
Augusto Tandazo, analista constitucional, también refutó que el Ejecutivo haya remitido la propuesta como urgente en materia económica, en razón de que la normativa entrará en aplicación luego de 180 días, otros lineamientos para 2022, 2023. Lo único que se busca es dar una imagen a los organismos internacionales de que se está poniendo en orden la casa en materia fiscal, afirmó.
No cree que, a través de la propuesta, se promueve las inversiones nacionales para que sean más potentes, ni tampoco el ahorro interno necesario para potenciar las finanzas públicas, conforme lo determina los artículos 338 y 339 de la Constitución. Sobre el seguro petrolero, indicó que no hay una política seria y sensata, que permita que el país llegue a la autosuficiencia energética; sostuvo que falta creatividad para buscar alternativas. En materia de endeudamiento, señaló que no se transparenta bien la contratación.
Sobre la creación del Fondo de Estabilización, Tandazo señaló que hay que abrir opciones para incrementar la productividad, en varios sectores productivos; por tanto, no solo se debe estabilizar cuentas fiscales y guardar dinero para pagar deudas. Expresó su preocupación en cuanto al tema de suspender una o más reglas o metas fiscales, por cuestiones del estado de excepción, lo cual es peligroso, por lo que pidió revisar y redactar bien la propuesta.
Fuente: Asamblea Nacional.