El Decreto 754 es criticado por organizaciones indígenas que exigen una ley orgánica para regular la consulta ambiental previa, libre e informada
En Palo Quemado, Sigchos, las comunidades mantienen una firme resistencia frente a la militarización de la parroquia, exigiendo la inmediata salida de las fuerzas armadas de sus territorios.
Habitantes de la zona denuncian que el ejército, acompañado por policías UMO, está presente en la zona desde este 22 de julio de 2023, para resguardar a funcionarios del Ministerio de Ambiente y ejecutar la consulta ambiental bajo el controvertido Decreto 754.
🔴 #URGENTE
El ejército ha vuelto a Palo Quemado con policías UMO para dar resguardo a funcionarios del Ministerio de Ambiente. Responsabilizamos al gobierno de las consecuencias de la imposición del #Decreto754 pic.twitter.com/zRwHukzLkm— Frente Nacional Antiminero (@FNAntiminero) July 22, 2023
Esto sucede después de que un pelotón de militares fuera expulsado de la zona por comuneros y comuneras tras una jornada de resistencia; a pesar de esto cientos de militares permanecen dispersos en distintos sectores para imponer la consulta, según reportó el Frente Nacional Antiminero.
🔴 Palo Quemado, Sigchos, 22 de julio de 2023. En este momento las comunidades se mantienen en resistencia frente a la militarización de la parroquia. Exigimos la inmediata salida de las fuerzas armadas de nuestros territorios. #NoEsConsultaEsViolenciaMinera pic.twitter.com/7iYajserE6
— Frente Nacional Antiminero (@FNAntiminero) July 22, 2023
Decreto 754
Este decreto, emitido por el Presidente Guillermo Lasso el 31 de mayo de 2023, reformó el Código Orgánico del Ambiente y permite al Ministerio de Ambiente llevar a cabo procesos de consulta ambiental sobre proyectos de extracción de recursos y obras con impacto ambiental.
Sin embargo, organizaciones indígenas, incluyendo la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), lo critican por facilitar la entrega de licencias ambientales a empresas mineras transnacionales sin cumplir requisitos legales, exigiendo que la consulta previa, libre e informada sea normada por ley orgánica, no mediante un decreto.