Unidades de Flagrancia del país registraron del 16 de marzo al 4 de abril 186 casos. En ese mismo período de 2019, se tramitaron 835.
Punto Noticias.- Con el aislamiento obligatorio a causa del coronavirus, las unidades de flagrancia a escala nacional reciben a diario a víctimas que denuncian haber sido violadas, abusadas o acosadas. Desde del 16 de marzo hasta el 4 de abril se tramitan 186 casos de violencia sexual.
Para la Fiscalía, la mayoría de esos hechos ocurrió mientras las víctimas se encontraban en sus casas.
Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Imbabura y Pastaza son las provincias en las que se han registrado más delitos de este tipo.
Por ejemplo, en Esmeraldas la Fiscalía formuló cargos en contra de un hombre por el presunto delito de violación contra una niña de 11 años. El sospechoso sería su padrastro, quien huyó pero fue capturado por la Policía en la casa de un vecino.
Tras la audiencia, un juez ordenó prisión preventiva y emitió una boleta de auxilio a favor de la menor de edad. Según el artículo 171 del Código Integral Penal, el delito de violación es sancionado con cárcel de 19 a 22 años.
Para el fiscal Luis Pesantes el examen médico-legal ginecológico y una valoración psicológica son esenciales para acusar.
El pasado 1 de abril, en la provincia de Orellana, un adolescente de 14 años fue acusado porque aparentemente violó a su prima que tendría discapacidad intelectual. El ilícito se habría registrado en la vivienda en la que ambos pasaban la cuarentena.
La jueza a cargo del caso dispuso el internamiento preventivo del adolescente.
De acuerdo a la Fiscalía, el confinamiento sería una de las causas que impide que este tipo de hechos se denuncien. En relación al mismo período de 2019, la cifra actual de casos por violencia sexual es menor. El año pasado alcanzó los 835.
Andrés Aguirre, coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública, también coincide en que hay un grupo de personas que por el aislamiento domiciliario o por temor a represalias del agresor no ha denunciado, por lo que se habilitó una página web para que las personas puedan contar su caso de forma reservada. La idea es que luego el organismo canalice la denuncia. La misma iniciativa adoptó la Defensoría del Pueblo, quien además sugirió contactarse con la UPC más cercana al domicilio.
Días atrás, el Consejo de la Judicatura dispuso que durante la emergencia sanitaria los funcionarios judiciales atiendan este tipo de situaciones las 24 horas. La idea es que pese a la cuarentena se pueda procesar a los agresores.
Fuente: Fiscalía, COIP, El Comercio, redes sociales