El Congope alerta sobre la intención del Ejecutivo de retener recursos de los gobiernos locales, en el marco del fenómeno de El Niño.
Paola Pabón, presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), informó que la tarde de hoy martes 26 de septiembre asistirá a la audiencia virtual para defender el amicus curiae presentado ante la Corte Constitucional, sobre el decreto-ley de Gestión de Riesgos y Desastres.
“No estamos de acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo”, manifestó la también prefecta de Pichincha, Paola Pabón.
Pabón advirtió que mediante la propuesta de norma, el Gobierno central intenta asignar nuevas competencias a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, en el marco de la gestión de riesgos y el fenómeno de El Niño, que se aproxima (para finales de diciembre).
“Atenta a la Constitución y al Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). Además, que no se entregan recursos”, manifestó Pabón.
El artículo 261 de la Constitución señala que el manejo de desastres naturales es exclusivo del Gobierno central y el artículo 389 apunta que el Estado protegerá a las personas de los efectos negativos de desastres de origen antrópico, mediante prevención de riesgos.
“Expresaremos nuestra preocupación a la Corte Constitucional hoy en horas de la tarde. Daremos nuestros argumentos jurídicos respecto a la inconstitucionalidad del decreto ley”, puntualizó Paola Pabón.
Otra de las preocupaciones de la presidenta del Congope es que con el decreto, el régimen podría retener recursos a los gobiernos locales. Esto ya que habla de reprogramar la entrega del presupuesto correspondiente al modelo de equidad territorial, con el que se cumplen con las competencias.
“No estamos de acuerdo porque además el Gobierno tiene deuda con nosotros”, puntualizó.
Paola Pabón destacó que la tarde del lunes 25 de septiembre pudo reunirse con el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, a quien le expuso todos estos puntos. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo.
La Presidenta del Congope insistió en la necesidad de que se revise la constitucionalidad del decreto-ley porque riñe con las competencias exclusivas de los GAD, además que va en contra de la Constitución de cara a la obligatoriedad respecto a que las asignaciones a los GAD sean predecibles.