Hasta el momento el organismo no ha podido aprobar el reglamento para el concurso de méritos y oposición.
Punto Noticias. Se retrasa la aprobación del reglamento para organizar el concurso público de selección del titular de la Contraloría General del Estado, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La elaboración del proyecto de reglamento ha tardado alrededor de dos meses y quince días y el Pleno del Consejo no logra aprobarlo, para iniciar oficialmente el concurso de oposición, méritos e impugnación ciudadana.
El Pleno del organismo, el 5 de mayo pasado, dispuso la conformación de una comisión técnica, con delegados de los consejeros, para que en quince días elabore el proyecto de reglamento.
El texto estuvo listo el pasado 1 de julio; el 2, se lo conoció en el Pleno y se resolvió que sea difundido para que la sociedad civil haga sus recomendaciones. Se dio un plazo de ocho días para que se reciban los aportes ciudadanos, lapso que venció el sábado pasado, cuando fue publicado en el portal web institucional.
Las observaciones de la sociedad civil se desconocen y debían ser tratadas por esta comisión técnica, que tenía 48 horas (hasta el 12 de julio) para que analice e incorpore dichos comentarios, de ser el caso, y presente el proyecto final de reglamento para su aprobación.
Para el lunes y martes últimos estaba prevista la reunión de la comisión técnica, pero no contaron con el cuórum para instalarse, por la ausencia de los delegados de los consejeros Sofía Almeida, David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán, según se informó.
Existirían posibles intenciones de prolongar la organización de la elección del nuevo contralor, dejaron entrever los consejeros Francisco Bravo y Hernán Ulloa.
“Hay algunos señores delegados de los consejeros que no estuvieron presentes. Hay que dejar en claro de que no van a tener espacio para dilatar la designación del nuevo contralor del Estado. Hay que estar atento a que no se boicoteen las reuniones técnicas”, advirtió Bravo, en el Pleno del lunes, en el que se conoció y aceptó la renuncia de Pablo Celi como contralor subrogante.
Ulloa planteó que debería ser la Asamblea Nacional que acepte la dimisión de Celi al cargo; mientras que el vicepresidente David Rosero subrayó que el CPCCS debe aceptarla e insinuó que él no es “cómplice” del excontralor.
Ser cómplice es “dejar sin cuórum una sesión que se llevaba a efecto para avanzar en el concurso”, le respondió Ulloa.
Disgustada, la presidenta Sofía Almeida manifestó que le parecía “increíble” que se diga que “no se quiere avanzar” en el concurso y culpó a los delegados de Bravo y Ulloa de no asistir a las reuniones técnicas.
“No daban razón de por qué no sesionaban en la comisión y, a mi modo de ver, se podría decir que estaban entorpeciendo el avance. Había una duda de los términos respecto desde cuándo contarían los ocho días y por esa duda los asesores estaban consultando con Secretaría General y eso hizo que se demorara la instalación de la sesión… Y cuando los delegados quisieron regresar ya no estaban en la sesión (virtual) los otros delegados”, justificó Almeida.
Los integrantes de la comisión técnica fueron convocados a reunirse el 11 de julio, a las 16:00, pero se suspendió porque los delegados de Dávalos, Almeida y Rosero pidieron que se haga una consulta sobre la fecha exacta de cuándo el CPCCS publicó el proyecto de reglamento para las observaciones de la ciudadanía.
Fueron nuevamente convocados el 12 de julio, a las 11:00, a una sesión virtual, en la que dos funcionarios habían abandonado la reunión y los delegados de las consejeras Ibeth Estupiñán y Sofía Almeida no asistieron, se supo
Mientras se aplaza la aprobación de esta normativa, Almeida busca que la Función de Transparencia y Control Social pida a la Corte Constitucional (CC) una interpretación del artículo 208 de la Constitución, para designar un contralor encargado.
Fuente: El Universo.