El proyecto de Ley de Libre Expresión del Ejecutivo ya no lo toma en cuenta, incluso deroga los artículos que definían sus atribuciones.
Punto Noticias.- La eliminación del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación es uno de los objetivos que tiene en marcha el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través del proyecto de Ley de Libre Expresión.
Eduardo Bonilla, secretario General de Comunicación, aclaró que el organismo será eliminado y eso se corrobora en el mismo proyecto ya que ni se lo menciona y más bien se derogan los artículos que definían sus atribuciones.
Según la Ley aún vigente, el Consejo tiene como misión consolidar el llamado sistema de comunicación, aunque el Reglamento fue ya derogado por el mandatario.
A raíz de la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), en 2019, el Consejo se hizo cargo del sistema de monitoreo de medios Videoma, que se adquirió por USD 1,6 millones.
A través del monitoreo, el Consejo levanta informes no vinculantes sobre posible contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito. También ejecuta el registro de medios de comunicación.
El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación fue creado a raíz de una consulta popular en 2011, que dio paso al trámite de la Ley Orgánica de Comunicación.
Para quienes promovieron la creación del Consejo dar paso a reformas iría en contra de lo que se aprobó en la consulta. Pero para Bonilla, el Consejo será eliminado por ser contrario a los derechos humanos.
Mientras, se ejecuta la pretensión del Gobierno, aún no se conoce cuál será el destino del sistema de monitoreo Videoma, pues al momento solo una parte estaría operativa.
A su vez, los componentes que se usaron en las siete intendencias de la eliminada Supercom permanecen empaquetados.
Bonilla manifestó que el proyecto de Libre Expresión incorpora recomendaciones de organismos internacionales, como la prohibición de la censura previa y la inviolabilidad del derecho a no revelar las fuentes periodísticas.
Dijo que también ratifica que la calumnia no va a ser tratada como un delito penal, sino que se limita a sanciones civiles.
El funcionario adelantó que para complementar esta Ley se planea enviar una complementaria que incluiría, entre otros apartados, temas de publicidad.
Con la derogatoria del Reglamento de la Ley de Comunicación hay quienes piensan que se volvió a depender de los medios para la transmisión de contenidos educativos.
Caroline Ávila, analista y docente universitaria, manifestó que ahora se está “a la buena voluntad de los medios” en este tema.
Ávila mencionó que otro cambio es la publicación de contenido intercultural y creyó necesario que se definiera con claridad lo que son medios privados, públicos y comunitarios.
En esa línea, el secretario Bonilla aseguró que la intención del Gobierno es vender los medios incautados y dar pie a la transformación de medios públicos en estatales.
Ayer, el sector comunitario de la comunicación, integrado por unas 40 organizaciones, hizo pública una carta en la que cuestionaron el proyecto del Gobierno y pidieron que las reformas “no sean regresivas”.
Una parte de los firmantes acudió a la Asamblea, donde fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, José Cabascango, de Pachakutik.
El legislador indicó que existe preocupación por esta Ley que si bien está en una primera revisión ya se observan bastantes retrocesos.
Naira Chalán y Apawki Castro, dirigentes de la Conaie, así como Humberto Cholango, expresidente de la Ecuarunari, lo tacharon de “regresivo”.
Cholango dijo que no se puede colocar en igualdad de condiciones a medios comunitarios y a privados para el acceso a las frecuencias.
Mientras, Castro precisó que debe existir un ente que regule los contenidos interculturales en los medios de comunicación.
Hernán Reyes, exvocal del Cordicom, sostuvo que no se puede ir a los extremos: de un polo considerado por algunos sectores como totalitarismo-regulatorio, a uno donde no exista regulación.
Al momento, el proyecto de Ley aún no es calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Fuente: El Comercio, redes sociales