Desconocen que la propia Asamblea es el máximo órgano de interpretación de las leyes, el proceso de juicio político es competencia exclusiva de la Asamblea, reiteró.
La abogada especialista en Derecho Parlamentario y exsecretaria del Legislativo, Libia Rivas, señaló que ante la consulta de la Comisión de Fiscalización a la Procuraduría respecto a si es procedente o no, el juicio político contra los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), demuestra que la Asamblea rehúye a su responsabilidad.
“Es algo que el Procurador debería abstenerse de responder”.
Indicó que una vez el Consejo Administrativo de la Legislatura admitió el juicio político y lo derivó a la Comisión de Fiscalización, esta última debe continuar con la segunda fase que responde a la calificación, verificando si se cumplen los requisitos.
“Si el pedido de juicio político contra los integrantes del CNE cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa es una decisión que debe tomar la Comisión de Fiscalización y poner en conocimiento del Pleno”.
Criticó que no sea la primera vez que la Asamblea rehúya la posibilidad de decidir, remitiendo preguntas a la Procuraduría a fin de que la ayuda con la inteligencia de las normas, desconociendo que la Legislatura es el máximo órgano de interpretación de las leyes y es de su competencia exclusiva: “Lo que ocurre es que frente a la conflictividad se van ante el Procurador y eso debilita la institucionalidad”.