El perjuicio sería de USD 2,5 millones y se responsabiliza a funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio.
Punto Noticias.- La Contraloría General del Estado determinó que hubo un perjuicio para el Estado por USD 2,5 en la compra de 100.000 pruebas Covid-19, por parte del municipio de Quito, en la gestión del entonces alcalde Jorge Yunda.
Por esta razón, este viernes 08 de julio confirmó una glosa solidaria por el valor del presunto perjuicio en contra de funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio, que actuaron entre abril y julio de 2020.
El organismo de control determinó incumplimientos en las especificaciones técnicas y en la cantidad de kits de detección molecular que entregó el proveedor, en el contrato realizado por régimen especial.
Para establecer la supuesta irregularidad, solicitó un informe especializado a la Unidad Técnica de Genética Molecular del Hospital Carlos Andrade Marín. La conclusión fue que no se recibieron reactivos tipo PCR, sino LAMP, que no poseen la especificidad y sensibilidad estipulada en el contrato.
Otro incumplimiento es que, previo a la recepción de los kits, no se solicitó a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) el análisis de control de calidad.
Este procedimiento era necesario ante la falta de un perfil profesional o experticia en temas de biología molecular de los funcionarios de la Secretaría de Salud.
Además, se suscribió, sin sustento técnico ni legal, el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, a pesar de que la contratista entregó 88.500 kits, de los 100.000 contratados.
Esta glosa no es de última instancia, por lo que los funcionarios responsabilizados pueden acceder recursos de impugnación ante la propia Contraloría e instancias judiciales.
Por este caso fueron investigados, entre otros, Jorge Yunda, la exdirectora Metropolitana de Salud Ximena Abarca y la excoordinadora técnica de la secretaría, Linda Guamán.