Los tres consejeros tienen 30 días para presentar sus descargos y, posteriormente, la Contraloría tomará una resolución final.
Punto Noticias. La Contraloría General del Estado (CGE) emitió los oficios de predeterminación de responsabilidades con multa y destitución para la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y los vocales José Cabrera y Esthela Acero por permitir que cuatro organizaciones políticas, entre ellas, Fuerza Compromiso Social, continúen inscritos y mantengan su personería jurídica. Los consejeros deberán presentar sus descargos.
En agosto de 2019, la Contraloría auditó el proceso de revisión de firmas del CNE y encontró que “Justicia Social”, “Podemos”, “Liberad es Pueblo” y “Fuerza Compromiso Social” fueron aprobados, pese a que no habrían cumplido con las firmas necesarias. Por lo que pidió considerar la situación legal de estas agrupaciones.
El pasado 18 de junio, la Contraloría emitió el informe de seguimiento de estas recomendaciones y determinó que hubo un incumplimiento de dejar sin efecto la inscripción de las agrupaciones políticas mencionadas.
El incumplimiento, explicó la entidad, es por parte de los miembros del Pleno del CNE que, con su voto, aprobaron resoluciones para que los Movimientos Nacionales continúen inscritos y mantengan su personería jurídica incumpliendo requisitos constitucionales y legales.
Por no tratar este punto en el Pleno del CNE y resolver el pedido de Contraloría de eliminar los cuatro movimientos políticos, el organismo de control emitió los oficios de predeterminación de responsabilidades con multa, de más de USD $7.800 y destitución para los tres consejeros de mayoría.
Además, se emitió el oficio con predeterminación de responsabilidades con multa y destitución en contra de la directora Nacional de Asesoría Jurídica, Dayana Torres, por emitir informes recomendando mantener su derecho de inscripción; y se emitió predeterminación de responsabilidad con multa para Christian Cerda, coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales; Christian Navarrete y Johana
Sánchez director, de la dirección Nacional de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones Electorales;
Lenin Sulca, director Nacional de Organizaciones Políticas; Luis Mafla, coordinador Nacional de
Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales; y Xavier Buitrón, coordinador Nacional Técnico de Participación Política.
Atamaint, Cabrera, Acero y el resto de funcionarios tienen 30 días para presentar sus descargos y, posteriormente, la Contraloría tomará una resolución final.