Esto, ante pedido de la Fiscalía General del Estado por múltiples denuncias en contra de candidatos y autoridades electorales.
La Fiscalía General del Estado (FGE) publicó un comunicado, en el cual alertó que existen varias denuncias en contra de candidatos y miembros de la Función Electoral. Debido a esto, consultó, el 27 de noviembre del 2020, a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) si es procedente iniciar una investigación previa en contra de las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) por hechos que recaen en el ejercicio de sus funciones y en medio de un proceso electoral.
Esta consulta se habría realizado por la falta de claridad en la aplicación de las normas contenidas en los artículos 16, 17, 19 y 108 del Código de la Democracia. Además,, según el comunicado, el objetivo de esto sería “garantizar el derecho al debido proceso y a la independencia de los órganos de administración de justicia en relación a las demás funciones del Estado, antes de desarrollar cualquier acción penal sobre las denuncias mencionadas».
🔴#ATENCIÓN | @FiscaliaEcuador informa que el pasado viernes 27 de noviembre, la Fiscal Diana Salazar envió una consulta a la @CorteNacional, para determinar si es
procedente realizar una investigación previa en contra de las máximas autoridades del @cnegobec. pic.twitter.com/eMAmGZoqMn— Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 15, 2020
El activista político, Fernando Balda, presentó una denuncia en Fiscalía por supuesto incumplimiento de decisiones legítimas de un juez competente. La denuncia es en contra de Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Luis Verdesoto y Esthela Acero, todos consejeros del CNE.
De la misma manera, pedía como acto urgente que se llame a rendir versión al juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, sobre una supuesta reunión de conspiración contra la candidatura de Álvaro Noboa y fraude procesal.
Por otra parte, Manuel Antonio Pérez presentó una denuncia en la Fiscalía por el delito de prevaricato contra los miembros del TCE por supuestamente «afectar con su resolución las reglas del juego electoral y debilitar la seguridad jurídica en el Ecuador».
Fuente: FGE – El Universo